Hace unas semanas se conocieron las cuentas presupuestales del gobierno del presidente Gustavo Petro para 2026, su último año de mandato, y desde entonces son varios los elementos que han llamado la atención del mercado, como la posibilidad de que las presiones fiscales se extiendan más allá de esta vigencia, por cuenta de una deuda creciente y un gasto que se resiste a los recortes.
Así mismo, los recortes a sectores importantes como el deporte o la ciencia y la innovación, la movida que prepara la Dian para adelantar y aumentar la retención en la fuente o la presión que se mantiene sobre el mercado TES, son factores que también se están analizando, por las consecuencias que generarán al próximo Presidente de Colombia.
Si bien los $521,2 billones propuestos por el Ministerio de Hacienda dan un parte de tranquilidad respecto a los incrementos presupuestales que cada año aumentaban la presión fiscal, hay varios elementos que no terminan de convencer a los expertos, como la constante reducción de la inversión, que sigue en caída libre.
Partiendo de que este monto implica una contracción real del 2% frente al presupuesto aprobado para 2025, si se ajusta por la inflación proyectada del 3,6%, lo que más inquieta es su composición, puesto que de los más de $521 billones propuestos, $324,8 billones (62%) se destinarían a funcionamiento, $137,4 billones (27%) al servicio de la deuda pública y apenas $59 billones (11%) a inversión.
Si se tiene en cuenta que para 2024, el rubro de inversión casi llega a los $100 billones y se consolidó como el más alto de historia, el monto que se espera tener para 2026 es limitado y, según un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es el resultado de tener que pagar los gastos del pasado, sacrificando la posibilidad de crecer en el futuro.
Según estos expertos, la cifra de inversión pública representa una caída drástica del 27% frente a 2025, cuando se presupuestaron $81 billones y esto quiere decir que el país dispondría de $22 billones menos para ejecutar proyectos estratégicos, modernizar infraestructura, fortalecer programas sociales o avanzar en el cierre de brechas estructurales.
Ante esto, dejaron claro que la caída no es coyuntural, sino una señal más de la suma de varios factores que han afectado las cuentas de la Nación, como la rigidez creciente del presupuesto y del poco margen que tiene el Estado para diseñar políticas que promuevan el desarrollo, generando un círculo vicioso que impacta el ritmo económico.
“El gasto en inversión continúa perdiendo participación en el total del gasto público, y la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos se ve cada vez más limitada por el peso creciente de los gastos inflexibles”, advierte el informe, donde dejan claro que esta advertencia no se limita a la inversión en infraestructura física, ya que también afecta la posibilidad de expandir la cobertura de servicios esenciales como salud, educación, desarrollo rural o vivienda.
Uno de los primeros elementos que le están restando espacio a la inversión es el gasto en el servicio de la deuda que aumenta de forma considerable y pasará de $117 billones en 2025 a $137,4 billones en 2026, lo que representa un incremento real del 17%. Esto quiere decir que de cada $100 pesos que el Estado gastará en 2026, $27 estarán destinados a pagar compromisos financieros.
Desde el Observatorio insistieron en que esta proporción no solo limita las opciones de gasto, sino que subraya el alto costo del endeudamiento que ha acumulado la Nación en los últimos años y requiere un manejo especial.
Además del monto total, el informe ofrece un análisis sectorial detallado que revela cuáles serán las áreas más afectadas por la caída de la inversión. Los diez sectores con mayor reducción en sus presupuestos de inversión son Inclusión Social (-$5,7 billones), Minas y Energía (-$4,9 billones), Educación (-$4,6 billones), Agricultura y Desarrollo Rural (-$2,9 billones), Igualdad y Equidad (-$1,7 billones), Vivienda (-$1,5 billones), Salud y Protección Social (-$1,3 billones), Rama Judicial (-$1 billón), Trabajo (-$400 mil millones) e Interior (-$300 mil millones).
Visto de esta forma, se puede inferir que los recortes afectan áreas clave para el cumplimiento de metas de equidad y desarrollo sostenible, ya que las reducciones en sectores como Inclusión Social o Agricultura golpean directamente programas orientados a mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables y rurales.
Así mismo, la disminución de recursos en Educación y Salud compromete el acceso y la calidad de servicios esenciales, mientras que la caída en Vivienda y Minas y Energía pone en entredicho planes de expansión de infraestructura y transición energética.
En paralelo, el gasto de funcionamiento apenas se reduce en un 2% real, manteniéndose como el componente más robusto del presupuesto con $324,8 billones, dentro de una categoría que incluye gastos inflexibles como nómina, pensiones y transferencias obligatorias y su peso, que supera el 60%, evidencia de la poca capacidad del Ejecutivo para hacer ajustes significativos sin afectar compromisos legales o constitucionales.
Desde la Universidad Javeriana recordaron que esta composición del gasto público, con alto funcionamiento, alta deuda y baja inversión, está convirtiéndose en una camisa de fuerza para el desarrollo del país, dado que con menos margen para redistribuir recursos y sin una estructura institucional fuerte que oriente las decisiones fiscales, el riesgo es caer en un círculo vicioso de bajo crecimiento, mayor deuda y rigidez creciente.
Una de las críticas más directas del Observatorio apunta a la falta de una Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal en el Congreso, una figura que permitiría mejorar el análisis de las propuestas presupuestales y fortalecer el debate sobre prioridades fiscales y frente a la cual dicen que “la ausencia de esta oficina, sumada a las rigideces del gasto y la debilidad del debate público, refuerzan un panorama de restricciones crecientes para el desarrollo y la sostenibilidad fiscal de largo plazo”.
Así las cosas, el Presupuesto General de la Nación 2026, lejos de ser una herramienta para impulsar la recuperación, parece reflejar los límites de una política fiscal atrapada entre el pasado que se debe pagar y un futuro que, con menos inversión, será más difícil de construir y si esta tendencia se consolida, el país podría comprometer no solo su capacidad de respuesta inmediata, sino también las condiciones necesarias para un crecimiento sostenido, incluyente y equitativo.
