«Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa», escribió el fiscal general, Bed-Ford Claude, en una carta dirigida a Garry Orélien, juez encargado del caso del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Unas palabras que horas después supusieron la destitución de su cargo.
En otra orden, pero esta vez dirigida a los Servicios de Migración del país, pedía «prohibirle salir del territorio nacional por vía aérea, marítima o terrestre debido a la seria presunción relativa al asesinato del presidente”.
Horas después de presentar las cartas, el primer ministro anunció la destitución del fiscal Bel-Ford Claude a través de un comunicado con fecha del lunes pasado. La decisión, según dice el documento, se tomó por una «falta administrativa grave» cometida por parte de Claude.
La semana pasada Claude ya había “invitado” al primer ministro a declarar sobre dos llamadas telefónicas que mantuvo con uno de los sospechosos claves del magnicidio de Moïse, Joseph Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia. Sin embargo, Henry había negado la citación.
Sin embargo, el fiscal subió de tono y en un documento de dos páginas detalló las evidencias que presuntamente lo vinculan al asesinato. Las llamadas, según dice el texto, se llevaron a cabo en la madrugada del 7 de julio y duraron siete minutos y se llevaron a cabo cuando Henry estaba en el Hotel Montana en Puerto Príncipe.
Ahora, es el juez Orelien quien está obligado a investigar con base en la solicitud de Claude, pues es la única autoridad que puede llamar a declarar a testigos sobre el caso. Para ello, tendrá tres meses para determinar si los hechos presentados este martes justifican alguna acción adicional.
Ariel Henry se defiende
Hace unos días cuando se presentó la primera citación, el primer ministro había dicho en un tweet que: “ninguna distracción, ninguna convocatoria o invitación, ninguna maniobra, ninguna amenaza, ningún combate de retaguardia, me distraerá de mi misión”.
La situación frente al primer ministro es tensa. Hace unos días la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, exigió la renuncia de Henry y pidió que la comunidad internacional le negara su apoyo.
La frágil estabilidad política haitiana
El pasado sábado, el primer ministro llegó a un acuerdo con la oposición y las principales fuerzas políticas del país para establecer un Gobierno de transición hasta unas nuevas elecciones presidenciales en el año 2022. El pacto también contempla la elección de 33 representantes de las diferentes esferas sociales haitianas para redactar una nueva Constitución.
El tratado había generado una sensación de estabilidad política de la que carecía el país. Sin embargo, la petición del fiscal pone en duda la solidez de dicho acuerdo.
Un experto en política haitiana de la Universidad de Virginia, Robert Fatton, le explicó que en Haití se está viviendo “una situación muy confusa, una lucha de poder en este momento, y veremos quién la gana”.
Por otro lado, el ministro de Justicia haitiano, Rockfeller Vincent, pidió que la Policía Nacional reforzara la seguridad del fiscal Claude, pues había recibido amenazas en los últimos cinco días.
Un caso que carece de respuestas certeras
Son más de 40 sospechosos los que han sido arrestados por el caso, en los que se encuentran los 18 exsoldados colombianos. Las autoridades siguen buscando a otros más, entre los que está Badio, con quien presuntamente habló el primer ministro haitiano.
Varios de los secretarios judiciales han dicho recibir amenazas de muerte y también, según AP, se les ha pedido cambiar los nombres y declaraciones de sus informes.
Adicionalmente, otro juez que había sido designado para supervisar la investigación pasó su renuncia el mes pasado por supuestas razones personales. Por lo que se asignó un nuevo juez.
