Por: Ruby Stella Morales Sierra/ Saber individualmente, con razón y corazón, y sin engaños, en qué líneas de cambio social nos hemos movido a lo largo de nuestras vidas es clave para intentar darle una explicación a la explosión social que originó el paro nacional desde el 28 de abril pasado en Colombia.
Es urgente una negociación inmediata y duradera entre el gobierno y los líderes del paro, además de un tratamiento especial a los jóvenes que resisten en múltiples ciudades, clamando atención e integración social. Los jóvenes, nuevos héroes ingeniosos, alegres e inteligentes sobre quienes injustamente ha recaído el peso de la crueldad y el riesgo de muerte por el reclamo social.
Es urgente llegar a consensos y brindar garantías pacíficas para el desbloqueo de vías y el suministro de alimentos y medicinas que se requieren para enfrentar el pavoroso pico del Covid-19 que azota al país y frenar las víctimas civiles por la represión violenta oficial.
Las víctimas
La Fundación de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, publicó un listado de “66 víctimas de violencia homicida” en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, con corte al pasado sábado 29 de mayo a las 12:05 p.m.
El portal de Indepaz registra los nombres y apellidos, edad, ciudad y región donde perdieron la vida de forma violenta estos 66 ciudadanos en el marco del paro nacional y las protestas. Es el registro de dolor de colombianos que nunca debieron perder sus vidas, la mayoría con proyectiles y artefactos letales que habrían sido disparadas con armas oficiales.
Las cifras publicadas por la ONG Indepaz fueron consolidadas mediante denuncias de la propia ciudadanía y sus dolientes y con cruce de informes recibidos por la ONG Temblores, también receptora de denuncias sobre violaciones humanas del establecimiento oficial contra la población civil.
Vergonzosas y dolorosas cifras que claramente son negadas o no coinciden con los organismos oficiales como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo o la propia Policía Nacional.
El número incierto de víctimas ha abierto una discusión nacional sobre el número real de personas que fueron asesinadas, además de desaparecidos y del atroz hallazgo de muertos que previamente habrían desaparecido tras detenciones oficiales.
Las publicaciones que citan instituciones oficiales han minimizado, e inclusive negado, el número de muertes violentas que habrían sido originadas desde armas oficiales y de grupos civiles armados que serían cercanos a las fuerzas policiales y del Ejército.
Por supuesto que se rechaza enfáticamente los daños a la infraestructura pública y privada que violentos originan, en intento de deslegitimar el derecho a la protesta social.
Toda Colombia sensata y amorosa de sus semejantes grita cese al derramamiento de sangre de nuestros jóvenes y respeto por la legítima protesta pacífica.
Más represión
El gobierno de Duque y sus socios políticos cierran el cerco con nuevas medidas de fuerza armada y mayor represión oficial que podría conducir a un mayor recrudecimiento de los puntos de negociación de los promotores del paro y de los jóvenes protestantes.
Medidas muy riesgosas que exponen a la fuerza pública a profundizar el exceso de la fuerza y que arrincona una salida negociada a la multitud de jóvenes de los puntos de resistencia civil que no se sienten representados en los líderes del paro nacional.
Parece que se profundiza el abismo de desaciertos y desesperación oficial que respondería mediante la fuerza a los reclamos de derechos fundamentales y de integración social de toda una generación que busca inclusión ciudadana e histórica con dignidad y oportunidades.
Las medidas del gobierno nacional de este fin de semana ordenan sobre los poderes regionales y municipales, la militarización, sí o sí, y los desbloqueos a la fuerza, los cuales expone tanto al sistema de transporte de carga unida al paro, como a los miles de jóvenes de barriadas de las principales ciudades en potenciales víctimas de una confrontación más violenta y desproporcionada.
Se abre una incertidumbre mayor a la de marchas de protestas pacíficas y noches de resistencia de jóvenes y comunidad en la que madres, vecinos de barrio, grupos de sacerdotes y una silenciosa solidaridad se ha venido despertando en la comunidad colombiana.
El mundo nos mira
Abundan los videos de evidencias que han sido reportadas por las víctimas o testigos a la propia ciudadanía y a organismos internacionales de derechos humanos. Sin duda, más temprano que tarde estos hechos deplorables serán abordados por la Corte Penal internacional en el marco de delitos de lesa humanidad.
Ni la presencia de la delegación permanente de la ONU ha valido para frenar la arremetida de violencia oficial contra la población civil.
Tampoco se ha tenido en cuenta la cuestionable orden de enfrentar la protesta social como un enemigo interno, en mentes de quienes nunca aceptaron los Acuerdos de la Habana con la guerrilla de la Farc y que pareciera se solazan en seguir haciendo trizas la paz, ahora llevando la guerra a las calles de las ciudades colombianas y en un claro despliegue de fuerza brutal e inequiparable con piedras, escudos de barriles metálicos y cascos de construcción.
El Comité Internacional de Derechos Humanos, CIDH desde hace semanas pidió mediante mecanismos diplomáticos ingresar al país para verificar las actuaciones y las múltiples denuncias y evidencias de videos que muestran una realidad innegable de violación de derechos humanos con ocasión de los desbloqueos a vías o en la consecutivas marchas y plantones que han sido sofocados por la policía y el escuadrón antidisturbios, Smad. Todavía es incierto el acompañamiento de la CIDH.
Los civiles heridos se cuentan por miles, entre ellos mujeres y hombres jóvenes con mutilación ocular, denunciadas por las propias víctimas y testigos, como resultado de artefactos aturdidores y de gases lacrimógenos que habrían sido disparados directamente sobre el rostro de los protestantes, con clara violación al código del propio uso de las armas oficiales.
Barbarie
La denuncia de violación sexual de mujeres retenidas por la policía y el Esmad se cuentan por docenas, incluido el fatal desenlace de la joven de Popayán, hija de un policía, que denunció haber sido violada y luego se suicidó. Delito atroz contra las mujeres que evidencia que poco ha cambiado la época de bárbaros y de la tierra arrasada, promovida por botines de piratas, conquistadores e invasores a lo largo de la historia inhumana.
Todas estas atrocidades nos demuestran que es urgente cambiar, mediante la democracia y el voto, a quienes quieren perpetuar estos métodos feroces de sostenerse en el poder y que buscan por todos los medios legitimar la barbarie, pues no podemos seguir iguales a los violentos del pasado.
Como tampoco que se invierta el dinero del público para comprar armas que repriman, asesinen o lesionen a la ciudadanía, en lugar de protegerla, cuidarla y acompañarla en el diario vivir con seguridad y legitimidad.
Todas las muertes deben ser evitables, incluyendo la que reportó el gobierno por la muerte de un policía y 849 uniformados lesionados. Todos los muertos y heridos nos deben doler, pues están en el mismo nivel de población víctima de un sistema caduco e injusto, que se ampara en la violencia ilegítimamente institucionalizada.
El velo se va descorriendo y la gente que protesta lo ha interpretado como la confrontación de colombianos pobres armados de piedras contra colombianos pobres que esgrimen las armas del estado por un sueldo de subsistencia.
¿Cómo convencer a los protestantes de primera, segunda, tercera y cuarta línea que las evidencias no apuntan a toda una trama perversa y orquestada que va emergiendo como una realidad fabricada desde un sistema excluyente, inequitativo y carente de justicia social?
¿Cómo maquillar el propósito de defender los privilegios y garantías que atesoran el poder desde hace más de 50 años, a sangre y fuego con el armamento, tanquetas, aviones, helicópteros y balas pagadas y adquiridas con los impuestos de la mayoría de colombianos?
Todo un mes de paro nacional que se ha prolongado en presencia masiva de comunidad en las calles y zonas de resistencia espontánea, que ha removido los cimientos de la sociedad y sin precedentes en nuestra historia.
Pensionados, sindicalistas, estudiantes, amas de casa, desempleados, emprendedores y pequeños empresarios quebrados por la carencia de apoyo estatal y los avatares de todo un año de pandemia han sido los protagonistas del paro.
Y en especial una juventud colombiana que ha despertado desde su exclusión desigualdad e invisibilidad en los planes de gobierno y de desarrollo de gobernaciones y alcaldías, así como del presupuesto nacional y de algunas políticas públicas que nacieron muertas.
La moción de censura propuesta desde la oposición contra el ministro de la defensa, Diego Molano, evidenció lo que se preveía: la absolución de las bancadas uribistas y de sus socios mayoritarios desde la Casa de Nariño. Ceguera y autodestrucción.
Solo un gobierno que escuche, negocie y acuerde lo fundamental que reclama la protesta social podrá lograr que la gente desaloje las calles.
…
*Periodista
Correo: rubymoralessierra@gmail.com
Facebook.com/rubby.morales/
Twitter: @RubySMoraleS
