El escándalo de corrupción del negocio de las Nuevas Tecnologías que nació por la firma de un corretaje por parte del hijo del entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y revelado en exclusiva por Corrillos, podría no quedar en impunidad. El proceso penal contra el hoy candidato presidencial y dos miembros más de su familia y varias personas cercanas a HG Construcciones, volvió a revivirse.
José Manuel Barrera Arias, quien fue gerente de la Empresa de Aseo Municipal en Bucaramanga (EMAB) y quien resultó enredado en la investigación por las irregularidades en los millonarios contratos que tendrían como fin la entrada de la cuestionada empresa Vitalogic para administrar el botadero El Carrasco en una concesión por 30 años, confesó su participación y ahora se pasó al lado de la Fiscalía para convertirse en testigo del ente acusador .
La Fiscalía le dio vía libre a un principio de oportunidad de Barrera Arias que incluye inmunidad parcial, para aceptar su responsabilidad en algunos delitos y zafarse de otros a cambio de contar cómo se estructuraron los contratos y de qué forma se pensaban adjudicar a un determinado contratista.
Según el ente acusador, el entonces gerente de la EMAB facilitó, a través de correos electrónicos, los pliegos de condiciones, “informes de conveniencia y oportunidad a Jorge Hernán Alarcón Ayala -la calavera- para que los revisara y modificara a su consideración”.
También en grado de responsabilidad, omitió los requisitos legales que son exigidos en la etapa contractual y adjudicó el contrato atendiendo únicamente la oferta más económica.
A Barrera Arias, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por el exgerente y que no incluyeron una medida de aseguramiento, pero que ahora se convierten en la puerta de entrada para evitar una condena en su contra.
“En virtud de lo anterior, el procesado cumplirá el compromiso de testificar contra Rodolfo Hernández Suárez, Luis Carlos Hernández Oliveros, César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, ante las autoridades judiciales competentes”, señala el documento.
El principio de oportunidad, como generalmente ocurre, fue otorgado por un año, tiempo que incluye la suspensión de la acción penal en contra del beneficiado, de José Manuel Barrera, esto previo al cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo documento, esto es, servir de testigo y que la información aportada contribuya a establecer responsabilidades.
“El término de suspensión de la acción penal será de un (1) año, en aras de que el postulado cumpla su compromiso de colaborar con la justicia y comparezca al juicio como testigo de cargo contra las personas señaladas en el acuerdo de colaboración”, advierte el principio de oportunidad.
La audiencia que formalizó el principio de oportunidad se realizó este viernes 17 de febrero ante un juez de control de garantías. De esta forma, la negociación entre la Fiscalía y el testigo empezó a correr términos desde un día después.
