La Corte Suprema de Justicia acaba de enviar la investigación que adelantaba contra Richard Aguilar, a manos de la Fiscalía. Esto ocurre tras la renuncia a su fuero como congresista.
El documento firmado por el magistrado César Reyes, advierte que se dispone: “El envío de la actuación al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, previas a las anotaciones correspondientes”. Y agrega: “Dejar al exsenador Richard Alfonso Aguilar a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.
La investigación en este caso viene de cuando fue gobernador de Santander, y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habría existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor. Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.
Cuando el excongresista fue capturado, el abogado Iván Cancino señaló que “en la detención, para que la gente lo entienda y no sea ligera en los comentarios, hay dos testigos que dan su opinión independientemente de que yo no les crea. Así que para seguir la investigación pues obviamente había mérito, lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador, han pasado más de seis años no hay urgencia de la medida, él (Aguilar) no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recurso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”.
Los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el exsenador Richard Aguilar.
