La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra todos los ministros que firmaron el decreto mediante el cual el gobierno nacional busca convocar una consulta popular. La medida se toma tras denuncias presentadas por ciudadanos como el concejal Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, y la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, quienes aseguran que el decreto vulnera la Constitución y los principios de separación de poderes.
Según la queja disciplinaria, el acto administrativo promovido por el Ejecutivo rompe con el ordenamiento jurídico vigente, por lo que se solicita investigar si los altos funcionarios incurrieron en faltas al respaldarlo. En una decisión de seis páginas, la Procuraduría considera pertinente verificar si los hechos denunciados corresponden a una conducta disciplinaria sancionable. “Se iniciará indagación previa, a la que serán vinculados para que puedan ejercer sus derechos como sujetos procesales”, señala el documento oficial.
Además de iniciar la indagación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas, entre ellas un informe del Senado sobre el trámite de la consulta popular. También exigió al Ejecutivo la entrega de todos los documentos, estudios, análisis y demás soportes utilizados para la formulación y justificación del decreto.
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