La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), para iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el inventario de los bienes provenientes de la mafia y organizaciones criminales que hacen parte de la administración de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.
La DNIE abrió indagación previa contra servidores por determinar y llevó a cabo una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.
- De igual manera, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la entidad, con el fin de identificar posibles autores y su responsabilidad disciplinaria.
Inconsistencias evidentes
En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:
-No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
-No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
-No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.
-Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
-Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
Con estas acciones, la Procuraduría se propone esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.
