La Procuradora Margarita Cabello Blanco requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral informar, en un término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales.
La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con posibles:
-Extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.
-Irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.
-Omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales.
-Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.
Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas, y en general, en los procesos de inscripción de cédulas.
33 actuaciones disciplinarias
De acuerdo con la designación especial de la jefe del Ministerio Público a cuatro procuradores delegados disciplinarios para evaluar las más de 1600 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, el Ministerio Público ha evaluado más de 400 de ellas y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros.
Solicitud a la Registraduría y al CNE
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado domingo 13 de marzo.
“La ciudadanía en general y los candidatos en particular, se encuentran no solo expectantes, sino que demandan de todas las entidades del Estado, control y trabajo articulado que brinde plenas garantías frente a la debida transparencia del certamen electoral”, puntualizó la jefe del Ministerio Público en su misiva a las dos entidades.
