La Procuraduría General de la Nación advirtió con preocupación que el Gobierno mantenga la prohibición del uso de celulares para servidores del Ministerio Público en los puestos de votación, lo que, según el Procurador Gregorio Eljach, limita injustificadamente la vigilancia constitucional durante los comicios.
La tensión institucional en torno a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo se agudizó tras la advertencia del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach pacheco, quien manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno de mantener la restricción del uso de teléfonos móviles para los servidores del Ministerio Público en los puestos de votación.
Eljach Pacheco señaló que esta medida, contemplada en el decreto 0183 del 27 de febrero y reiterada en el decreto 0188 de 2026, constituye una limitante injustificada para el ejercicio de la vigilancia electoral, función que la Constitución asigna a la Procuraduría. “Con urgencia se tomen los correctivos en aras de garantizar el pleno ejercicio de nuestras competencias”, expresó en una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda.
La misiva, fechada el 5 de marzo, subraya que la exclusión de los funcionarios del Ministerio Público de la excepción al uso de celulares durante la jornada electoral impide que estos puedan adelantar sus labores de control y supervisión en tiempo real. Para el jefe del órgano de control, disponer de dispositivos móviles resulta fundamental en la tarea de verificar denuncias, coordinar acciones y garantizar transparencia en el proceso.
El debate surge en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la limpieza de los comicios es crucial. La Procuraduría, junto con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, cumple un papel esencial en la vigilancia y garantía de que las elecciones se desarrollen sin irregularidades.
Prohibiciones en jornada electoral
La normativa colombiana establece una serie de prohibiciones estrictas para ciudadanos del común con el propósito de preservar el orden y la transparencia en los comicios. Entre ellas se destacan:
– Ley seca: queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. del día anterior hasta las 6:00 a.m. del día siguiente a la jornada electoral.
– Propaganda política: no se permite la difusión de mensajes, publicidad o actos proselitistas en las inmediaciones de los puestos de votación.
– Uso de celulares y cámaras: los votantes no pueden ingresar al cubículo de votación con teléfonos móviles, cámaras o dispositivos electrónicos que permitan registrar el voto. Esta medida en búsqueda de garantizar el secreto del sufragio.
– Portar armas: se prohíbe el porte de armas de fuego, incluso con salvoconducto, durante el día de elecciones.
– Reuniones públicas: no se autorizan manifestaciones o concentraciones políticas en espacios públicos mientras se desarrollan los comicios.
– Transporte de electores: está restringido el traslado masivo de votantes por parte de campañas o partidos, práctica que puede constituir delito de corrupción al sufragante.
Restricciones al momento de votar
El ciudadano, al ingresar al puesto de votación, debe cumplir con reglas específicas que garantizan la transparencia del proceso:
– Secreto del voto: está prohibido mostrar el tarjetón marcado o fotografiarlo.
– Un solo voto por persona: el sufragio es individual y no puede ser asistido, salvo en casos de discapacidad debidamente autorizados.
– No portar propaganda: el elector no puede ingresar con camisetas, gorras o distintivos alusivos a partidos o candidatos.
– Respeto al orden: se debe acatar la fila y las indicaciones de los jurados de votación.
– Entrega inmediata del tarjetón: una vez marcado, el ciudadano debe depositarlo en la urna sin dilaciones.
Estas disposiciones intentan blindar el proceso electoral frente a presiones indebidas, compra de votos o intimidaciones.
La controversia sobre el uso de celulares por parte de los servidores del Ministerio Público abre un debate sobre el equilibrio entre las medidas de seguridad y el derecho de los órganos de control a ejercer sus funciones. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de restringir dispositivos para evitar filtraciones o alteraciones en el orden de los puestos de votación, la Procuraduría sostiene que la prohibición afecta directamente su capacidad de reacción ante denuncias y hechos irregulares.
El Procurador Eljach Pacheco enfatizó que la vigilancia electoral requiere herramientas tecnológicas que permitan comunicación inmediata y registro de situaciones en terreno. “Resulta fundamental que quienes conforman el Ministerio Público puedan disponer de sus dispositivos para adelantar sus labores”, reiteró.
Posibles efectos
La discusión se produce a escasos días de las elecciones, lo que aumenta la tensión política y jurídica. De mantenerse la restricción, los funcionarios de la Procuraduría tendrían que recurrir a mecanismos tradicionales de reporte, lo que podría ralentizar la respuesta institucional frente a irregularidades.
Por otro lado, la medida también plantea interrogantes sobre la confianza en los órganos de control. Limitar su capacidad de vigilancia podría interpretarse como un debilitamiento de las garantías democráticas, en particular en un país en donde la transparencia electoral ha sido históricamente un tema sensible.
La Procuraduría ha insistido en que su solicitud no pretende flexibilizar las reglas para los votantes, sino garantizar que los servidores públicos encargados de la vigilancia puedan cumplir con su misión constitucional. El desenlace de esta controversia dependerá de la disposición del Gobierno para revisar el decreto y atender el llamado del órgano de control.
