La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, por actos de violencia a un ciudadano.
El Ministerio Público verificó que la uniformada en medio de un proceso de registro al ciudadano Juan Sebastián Nova, en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo en Bogotá, abusó de su posición de autoridad y lo golpeó en su rostro con el arma de dotación bastón tonfa.
El organismo de control corroboró que la servidora pública desconoció los límites y atribuciones establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones; vulnerando, asimismo, los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
En consecuencia, a lo anterior, en fallo de primera instancia la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta de la funcionaria como gravísima, a título de dolo.
Es importante anotar que la sanción es de primera instancia, por lo que la uniformada haciendo uso de la ley, puede interponer recursos ante instancias superiores del sistema disciplinario.