La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces alcalde de California (Santander), Hugo Arnoldo Lizcano Pulido (2016), y secretario General y de Gobierno, Ludvin Valbuena García (2016), por presuntas irregularidades en la escogencia de modalidad del contrato para lograr las metas de género y efectuar seguimiento a las políticas públicas de la mujer.
Al parecer, Lizcano Pulido habría contratado directamente el negocio jurídico para la prestación de servicios de apoyo al Centro de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia Californiana, no obstante que por su valor correspondía adelantar una contratación de mínima cuantía.
Con esta posible conducta el exmandatario habría podido desconocer el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el artículo de 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 que establece en el numeral 8º. que “las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder (…). Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto”.
A Valbuena García se le reprochó, en su condición de supervisor del contrato, la posible suscripción de las actas de recibo final y liquidación, tras certificar como cumplidas las especificaciones de cantidad, tiempo y lugar para la realización de talleres y conferencias, así como la implementación de las políticas públicas de logística y distribución de los gastos, sin haber realizado el respectivo seguimiento.
Con esta presunta omisión podría haber vulnerado lo contemplado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, respecto al deber del supervisor de informar a la entidad contratante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y el Decreto 1082 de 2015 que establece las reglas aplicables a la contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía, independiente de su objeto.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó provisionalmente la falta del entonces alcalde como gravísima cometida con culpa grave, y la del ex secretario General y de Gobierno como gravísima a título de culpa gravísima.
