La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el Covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ‘Transparencia para la emergencia’, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
Procesos disciplinarios
El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro (Santander).
Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.
Así mismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.
De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.
Como parte del trabajo conjunto del programa ‘Transparencia para la Emergencia’. Presentamos solo lo que tiene que ver con Santander:
Girón
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Girón, Santander, Carlos Alberto Román Ochoa, y a la jefe de la Oficina Jurídica, Luz Mireya Machuca, por presuntas irregularidades en la celebración de dos negocios jurídicos a través de la modalidad de contratación directa por $3.461’847.778.
El órgano de control cuestionó la posible vulneración de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la suscripción de los contratos 088 de 2020 por $1.400 millones de pesos, para la adquisición de 20.000 kits de mercado dirigidos a la población vulnerable, y el No. 100, por $1.068’700.964 para el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, mediante entrega de mercados a la comunidad estudiantil, en los que se habrían presentado aparentes sobrecostos y favorecimientos al proveedor Ariel Castro Garcés.
En el juicio disciplinario los investigados también deberán responder por presuntas irregularidades en la celebración del Contrato Adicional No. 01 por $ 993.146.814.
Puente Nacional
La Procuraduría adelantará juicio disciplinario contra la comisaria de Familia de Puente Nacional, Santander, Emma Isabel Flórez Rincón, y el auxiliar administrativo, Miguel Alonso Téllez Rincón, por presunto incumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para la contención del covid-19.
Deberá responder por los hechos que generaron la imposición de un comparendo por parte de la policía, el 24 de abril de 2020, cuando al parecer, se encontraban departiendo con otras personas en el parque principal del municipio.
