La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- continúa en el ojo de la Procuraduría por sus reiteradas contrataciones y esta vez se trata de la construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional- ERON-, en Pereira, a la que le montó una interventoría sin que aún esté suscrito el contrato para echar a rodar la obra.
Y es que los trabajos de ampliación del penal, con inversiones que superan los 200 mil millones de pesos, han estado en la mira del Ministerio Público, el cual ha levantado las alertas respectivas a la entidad para minimizar riesgos al no concretar claramente el inicio del contrato para la construcción de la Fase II de la cárcel, adjudicado desde el 28 de diciembre de 2023.
La situación genera alarma ya que hoy, casi tres meses después de adjudicar la obra y contratar su interventoría, no se ha suscrito el contrato aduciendo problemas administrativos y financieros.
Para la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, esta situación advierte riesgos para el patrimonio público pues podría generar sobrecostos y reclamaciones por parte de los contratistas e interventoría por los retrasos en el cronograma de la obra.
En el desarrollo de la vigilancia preventiva, la Procuraduría constató que la entidad no cumplió los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones configurando una posible violación al principio de planeación al no desarrollar celebración del contrato, razón por la cual se trasladó el asunto al operador disciplinario, quien tendrá que determinar si hay responsabilidad de los funcionarios encargados de esta contratación.
