La política entró en cuenta regresiva hacia las elecciones de 2026 y la Procuraduría General de la Nación decidió marcar la cancha. Con la Directiva 013, emitida el 28 de agosto, el procurador Gregorio Eljach Pacheco fijó un marco de obligaciones que busca impedir que el poder público se use como trampolín electoral.
Esta instrucción llega en un momento clave: en marzo de 2026 se elegirá el nuevo Congreso y, entre mayo y junio, se definirá la Presidencia de la República. En ese contexto, la neutralidad estatal no es un asunto menor, sino un requisito para garantizar que todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones.
El instructivo detalla, una por una, las conductas prohibidas. Se prohíbe a los servidores “utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en controversias políticas”. También queda vedado “acosar, presionar o determinar en cualquier forma a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña o controversia política”.
Otro de los aspectos claves del listado, son las siguientes restricciones sensibles: “no se podrán usar bienes públicos para proselitismo, ni difundir propaganda electoral a favor o en contra de candidatos desde los cargos oficiales. Tampoco está permitido ofrecer beneficios particulares mediante obras de la administración con el propósito de incidir en el voto ciudadano”.
La Procuraduría enfatizó que “el uso de recursos públicos para actividades proselitistas, salvo los asignados al Fondo Nacional de Financiación Política, constituye una falta disciplinaria grave”. Y recordó que el horario laboral no puede convertirse en tiempo de campaña.
Eljach fue más allá de la advertencia a los funcionarios y pidió a los electores asumir un papel activo como veedora. “La participación ciudadana es clave para preservar la transparencia del proceso”, señaló el comunicado, invitando a denunciar irregularidades y aportar pruebas a las autoridades.
Con este llamado, la Procuraduría intenta reforzar su papel preventivo en un país donde el límite entre la gestión pública y el activismo electoral suele difuminarse.
APN Noticias
