El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la presentación ante el Consejo de Estado de una demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara y senadora electa, Aída Merlano Rebolledo, investigada disciplinaria y penalmente por conductas relacionadas con compra de votos y fraude electoral.
Ya el procurador había ordenado la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional, por tres meses, de la representante a la Cámara y senadora electa.
El jefe del Ministerio Público aseguró que ante la gravedad de los hechos y el material probatorio que la Fiscalía General de la Nación entregará a la Corte Suprema de Justicia, suspendió a la representante Merlano, como medida cautelar mientras se adelanta el proceso disciplinario.
El jefe del Ministerio Público visitó la Comisión Departamental Electoral del Atlántico, donde radicó una solicitud para que se abstenga de expedir la declaratoria de elección de Merlano Rebolledo como senadora de la República, teniendo en cuenta los hechos denunciados por la Fiscalía General de la Nación y que fueron trasladados a la Corte Suprema de Justicia, que involucrarían una afectación a los derechos políticos y a la libre participación democrática.
Carrillo Flórez anunció, además, que pedirá al Consejo Nacional Electoral una investigación por posible violación al régimen de topes de campaña y conductas atentatorias contra la legalidad en materia de financiación, ante las evidencias de la utilización de millonarias sumas de dinero que no habrían sido declaradas en los registros de cuentas.
El ente de control ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas la inspección a los libros de la campaña de la senadora electa Aída Merlano, para la verificación de las normas de contabilidad exigidas.
Vigilancia escrutinio
El Procurador señaló que el ente de control identificó que en el Atlántico en 267 mesas – 146 departamentales y 121 de Barranquilla-, se habrían contado los votos dos veces, una por el partido y otra por el candidato, lo que podría impactar el umbral y la cifra repartidora; por lo que dio órdenes a los agentes especiales del Ministerio Público para que realicen una vigilancia y control especial sobre los escrutinios de esos puestos, labor que invitó a ser apoyada por los testigos electorales y la ciudadanía en general.
