La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia de Salud, la inmediata intervención de Coomeva EPS, y que, además, la entidad reguladora adelante acciones que garanticen la prestación del servicio de salud a los dos millones de usuarios afiliados, que según la entidad podrían estar en riesgo.
Al igual que con el caso de la toma de posesión de la Supersalud a la EPS Cruz Blanca que se dio en días pasados, esta institución tuvo un aumento en las quejas presentadas por irregularidades en la prestación de servicios.
En los primeros siete meses de 2019 se han registrado 42.702, entre peticiones, quejas, reclamos y denuncias, estas han estado relacionadas directamente con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad en procesos de atención en salud, como la realización de exámenes de apoyo de diagnóstico, citas médicas de control con especialistas, y entregas de i insumos de medicamentos.
Además, el ente de control dejó ver que la EPS en cuestión tiene una deuda de $2,2 billones, lo que ha causado que se hagan pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales.
Sin embargo, la Coomeva EPS, se pronunció al respecto, afirmando que su deuda no es la dicha por el Gobierno, y que además ha adelantado esfuerzos para seguir garantizando la prestación del servicio a los usuarios afiliados. La EPS concluyó que los accionistas han realizado la capitalización importante por $300.000 millones.
Sin embargo, el Ministerio Público habría encontrado evidencias que establecen que la EPS está incumpliendo las condiciones financieras que ya se habían establecido, y que además, no cuentan con una red de servicios médicos asistenciales.
