La Procuraduría General de la Nación anunció la presentación de una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para evitar abusos de contratación directa por parte de las Empresas Sociales del Estado ESE.
El Viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, aseguró que en defensa de la moralidad administrativa, el acceso al servicio de salud en condiciones de eficiencia y oportunidad y en garantía de los recursos del sistema de salud, se busca a través de la acción popular que se reglamente la contratación en las ESE, los 933 hospitales de la red pública del país, que al corte del primer semestre de 2019 tuvieron ingresos del orden de los 6.5 billones de pesos y gastos por 9 billones, dejando un déficit de cerca $2.5 billones de pesos.
“Representan un componente muy importante de la estructura de salud del país, pero por efectos de la Resolución 5185 de 2013 se flexibilizaron las condiciones de contratación de las Empresas Sociales del Estado y eso ha hecho que el 90% de los contratos celebrados son a dedo, porque obedecen a contratación directa o a invitaciones a las cuales solo concurre un oferente”.
Advirtió que tras 23 visitas preventivas a instituciones públicas prestadoras de salud, se pudieron evidenciar irregularidades relacionadas con defraudación de recursos públicos y afectación al derecho a la salud, con sobrecostos que en el caso de medicamentos alcanzan el 3.000%, y que al comparar la contratación resulta no razonable la diferencia de precios.
“Por eso estamos pidiendo a través de la acción popular al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, que procedan a derogar la resolución y expidan la reglamentación que incorpore los principios de la contratación pública, para garantizar la selección objetiva, la transparencia y la escogencia de los mejores proponentes en condiciones de equilibrio, para evitar la contratación a dedo y el descalabro de las ESE”.
Reveló que cada una maneja un manual de contratación diferente, lo que genera un riesgo en la ejecución de recursos públicos, ya que las modalidades de selección, cuantías y procesos de convocatoria pública, flexibilizan los requisitos de participación, y permiten el desvío o pérdida de los recursos públicos de la salud.
Señaló que se identificaron casos en los que la diferencias en la adquisición de equipos variaron entre el 55% y el 165%, sobre los precios ofertados en el mercado, como ocurrió por ejemplo con las bombas de infusión, de nutrición enteral y fotosensible.
La Procuraduría solicitó al Tribunal además de la orden de revocatoria de la Resolución 5185, que se establezcan reglas para la selección de contratistas cuando sea estrictamente necesaria la contratación directa, se definan las funciones de los comités de compras, se fijen criterios para la adición de contratos y se definan los mecanismos para la implementación de un sistema de compras que obtenga economías de escala, para proteger los recursos públicos de la salud y garantizar la mejor prestación del servicio.
