La Procuraduría General de la Nación mediante una carta dirigida a Juan Carlos Vargas Morales, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, le indicó que abrió un proceso preventivo con el que se busca indagar los diferentes tipos de contratos que se realizaron para posicionar al presidente Iván Duque en redes sociales.
Hace algunos días, el contrato para la prestación de los servicios de manejo de las redes sociales a cargo de la agencia de publicidad Du Brands levantó polémica tras haberse conocido que el contrato adjudicado era por más de $3.300 millones.
La firma, que ha suscrito otros contratos con diferentes entidades del Estado, aseguró que todas las ha ganado a través de concurso.
Sin embargo, lo que intentan determinar las entidades que están haciendo las indagaciones sobre los contratos firmados es determinar porqué los servicios descritos en el documento justifican su financiación a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Por esa razón, Liliana Caballero Durán, procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, decidió a través de una carta solicitarle al director Vargas en relación con el contrato de prestación de servicios FP- 290 -20201 suscrito entre el Fondo Paz y Du Bands, responder a algunas preguntas. Entre estas están algunas como cuáles fueron las razones de oportunidad y necesidad que fundamentaron la firma del contrato; o cuál fue el análisis hecho por el Fondo en términos de eficiencia y economía para determinar.
También está la pregunta sobre cuál es la justificación para que el Fondo suscriba un contrato de publicidad oficial, en momentos en que el país atraviesa por una emergencia sanitaria causada por el covid-19 y las directrices del Gobierno Nacional, se encaminan al uso adecuado de los recursos públicos y su priorización para mitigar los efectos negativos de la pandemia.
A lo largo de estos días la Procuraduría General de la Nación se ha mostrado como uno de los entes en llevar adelante las medidas de monitoreo y vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos destinados a atender y contener los efectos del covid-19, y así evitar el posible desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de los funcionarios que tienen a cargo su ejecución o de particulares.
La delegatura de la Procuraduría está a la espera de recibir respuesta para poder continuar con el debido proceso del caso.
