Por: Carolina Rojas Pabón/ La evolución de las redes sociales ha permitido la participación masiva de los ciudadanos en los sucesos más representativos del país, especialmente, los de impacto negativo.
La velocidad de las noticias negativas es incontrolable, así como el contenido. El límite de palabras en las aplicaciones solo enuncia apartes de lo sucedido, muchos se conforman con ello y contribuyen a agredir desmesuradamente.
Las redes tienen la facilidad de embelesar al colectivo semanas enteras en el tema o el personaje de moda, por ejemplo, las recientes publicaciones haciendo protagonistas a los burros y los caballos como alimento en el PAE de Bucaramanga.
Imposible no sorprenderse con una noticia tan decepcionante; sin embargo, resulta más decepcionante que solo quede en el calor de las redes sociales clamando justicia para nuestros niños y niñas como si allí estuviese la salvación.
Llevamos años en Colombia, donde el contrato de alimentación escolar PAE es tan famoso como el de la ruta del sol (guardando las proporciones), donde son temporadas de escándalos en los diferentes Municipios del país y luego viene el silencio.
El ciudadano indignado, con justa razón, se enfoca en el castigo ejemplar para los responsables, porque si hay responsables, directa e indirectamente, esto puede tardar años con la posibilidad de no hallar pruebas suficientes.
Más allá de los escándalos de corrupción inadmisibles, del nombre de los responsables y la eficacia de la justicia; cuestiona la forma en que esto se convierte en parte del panorama Nacional.
Las repetidas noticias del PAE hacen evidente que en los distintos lugares del país donde se ha hecho justicia, no es garantía para terminar de raíz el riesgo que corren los niños y niñas de recibir alimentos de mala calidad.
La Ley 1176 de 2007 en su artículo 16 imparte la orden a los Entes Territoriales (Municipios y Departamentos) aplicar los lineamientos técnico-administrativos básicos de la alimentación complementaria para los niños focalizados en sisben 1 y 2 de sus localidades.
Esta ley entrega la responsabilidad de la alimentación escolar a los Municipios y Departamentos, que hasta entonces había estado en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF.
En Bucaramanga para la vigencia 2009, se debía garantizar la prestación del servicio a los dieciséis mil (16.000) niños beneficiarios que para la época tenía el ICBF, de igual manera debían hacerlo los demás Municipios del país.
El compromiso en principio era una cofinanciación con la Nación, a través del sistema general de participaciones para ampliar el número de beneficiarios, donde el Municipio o Departamento del rubro recursos propios financiaría únicamente los beneficiarios históricos del ICBF.
Empezaron las ejecuciones en cofinanciación en proporciones muy desiguales para los Municipios y a la par la exigencia de la procuraduría y demás entes de control en los Comités de Política Social Municipal, Compos, para ampliar la cobertura.
Para la vigencia de 2014 el Ministerio de Educación comunica poco a poco reducir su cofinanciación con el programa de alimentación escolar, que para ese entonces en Bucaramanga ya eran más de treinta y dos mil (32.000) los niños beneficiarios.
Con el Decreto 1852 de 16 de septiembre de 2015, se formaliza lo antes resaltado dejando una proporción al Ente territorial para ese entonces aproximada del 75% en recursos propios para financiar el PAE vs el 25% e incluso menos del Gobierno Nacional.
Esta situación además de comprometer los recursos propios de los Entes Territoriales, generó una descentralización del programa, unos controles insuficientes, una desvinculación del ICBF y una autonomía para operar en cada localidad.
Convirtiéndose actualmente, este programa, en el coco de las Administraciones Municipales. Nadie quiere tener la responsabilidad dar su visto bueno.
Este tema tiene varios actores: Los gobernantes, las secretarias de despacho que lo ejecutan con su equipo, los contratistas u operadores del programa, la firma interventora que se contrata (de manera independiente), los organismos de control, padres de familia, los niños, entre otros.
En los escándalos salen, los visibles (hay otros más responsables) y ahí se queda todo, en quien tiene la culpa, pero después de escuchar tanta barbaridad de este contrato en el país, ¿por qué no se avanza?
Al interior de cada Secretaria de Despacho ejecutora, existe un equipo PAE con perfiles idóneos, al igual que el equipo mínimo del operador. Parece ser deficiencia del proceso de operación de este programa.
Los listados, las firmas de los beneficiarios y las fechas de entrega son el común denominador de la preocupación de estos dos equipos y aunque existen controles de calidad, las noticias evidencian que no son cercanos lineamientos.
Los organismos de control no son articulados para el seguimiento, es muy poco lo que pueden hacer para vigilar alimentos sobre el papel, en los informes, sin contar con aquellos que piensan que si vigilan es persecución, eso no mejorará la situación.
El seguimiento de este programa debe ser diario tanto de las partes contratantes, como los agentes externos. Las nutricionistas, manipuladoras de alimentos deben ser coequiperas verdaderas de quienes administran y en visitas de campo verificar, escuchar, probar y dejar una trazabilidad de los aspectos a mejorar.
La política de control se ha descargado en las firmas interventoras, que en muchos casos se convierten por el agite diario de la operación en juez y parte.
Los profesionales ejecutando este programa, tanto en la parte contratante, como contratista, no están articulados en algunos Municipios, su comunicación es ineficiente, por ejemplo, en las malas noticias ninguno da la misma versión, no tienen los mismos listados y siempre es culpa del otro, y a veces pareciera que los equipos de las secretarias que ejecutan no verifican, sino reciben de conformidad todo lo que dice y entrega el operador.
El PAE no es el coco, el coco es la desarticulación, desinformación, desorganización, folklor y el miedo a manifestar lo está mal hecho de quienes operan y vigilan.
En hora buena el Gobierno Nacional evidenció la necesidad de un equipo de profesionales exclusivo para el PAE en los Entes Territoriales. Es importante que esto trascienda, que no sea burocracia, que permita unificar el proceso de operación con todos los actores y se regulen la vigilancia y control continua de la prestación del servicio.
El Gobierno Nacional debería incluir en su agenda una reforma al PAE, mirarlo de cerca, pues, aunque sean pocos ahí también tienen recursos.
Los niños merecen y necesitan que este tipo de situaciones termine de una vez por todas, si no se restructura el proceso, los escándalos solo cambiaran de nombre.
*Abogada Unab, Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Derecho Constitucional U del Rosario. En curso Maestría en Políticas Públicas y desarrollo Unab.
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