Por: Diego Ruiz Thorrens/ El proyecto de ley, que ha sido presentado como un avance en materia de derechos dirigida la protección de todas las niñas de nuestro país, emerge en un momento crucial donde la violencia contra los menores, especialmente, las niñas, en muchas regiones de nuestro territorio nacional, golpea con su más violento mazo.
Sí, la ley es importante. Y sí, era necesario que existiera un mecanismo jurídico que vele por la protección de las vidas de las menores en relación a una violencia marcada por unos valores sociales, es decir, una cultura machista, que normalizó la agresión sexual contra menores con la falacia de la “estabilidad” de pareja”, del “amor”, “protección” o “seguridad” brindada por, casi siempre, un varón mayor de edad.
No obstante, dicha ley, como muchas de las leyes en este el país del sagrado corazón de Jesús, puede acabar en letra muerta, sin conseguir ningún tipo de impacto o cumplir con la razón por la cuál fue creada. Me explico: la ley “son niñas, no esposas” ha generado una respuesta positiva en casi todos los estamentos, instituciones (público, privadas), agentes de cooperación internacional, entre otros.
Como reportó El País de España en su sección de América Latina: “Con la prohibición del matrimonio infantil, el Congreso avanza en la garantía de los derechos para miles de niñas, niños y adolescentes, y se alinea con los estándares de la Unicef y las Naciones Unidas. La agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Colombia celebró la decisión: “Saludamos la aprobación del proyecto de ley que elimina en el país el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho y las uniones tempranas y forzosas, una medida que fortalece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país”.
La decisión (…) es un paso importante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, que en el objetivo 5.3 propone “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina”. El gran “pero” o problema que puede existir detrás de la más amplia aplicación de la ley es que, para su ejecución, se debe impulsar todo una batería educativa orientada a la prevención de las violencias basadas en género, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos (incluida la prevención de embarazo en adolescente e interrupción voluntaria de embarazo), y la protección de los derechos más fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes, tanto al interior de las instituciones educativas, espacios públicos y hogares.
En este sentido, la respuesta orientada a la potenciación de conocimiento y el empoderamiento en derechos sexuales y reproductivos dirigida a niñas y adolescentes en una ciudad como Bucaramanga ha sido corta, prácticamente nefasta: a primero de Octubre de 2024, “en Bucaramanga, se registraron 3.238 embarazos, de los cuales 354 corresponden a madres adolescentes, entre ellas 285 jóvenes santandereanas y 69 migrantes, según el informe del ‘Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del Embarazo Adolescente’,” de la secretaría de salud departamental. Santander continua en los 10 primeros puestos de departamentos con mayor número de casos de violencias basadas en género, y Bucaramanga se encuentra entre las primeras 5 ciudades en el mismo ranking.
Sí, es importante resaltar y repetir que las niñas tienen derecho a ser niñas, no esposas. Y para que esto sea así verdaderamente, se requiere impulsar una agenda que, curiosamente, desde algunos sectores que apoyaron esta ley son, precisamente, quienes más desean retroceder el principal bastón de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres: los derechos sexuales y reproductivos. Sin esto, nada va suceder.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP – Seccional Santander
X: @DiegoR_Thorrens
