El Salvador cumple un año bajo el régimen de excepción este lunes 27 de marzo. Una medida que la Constitución prevé que dure por 30 días. Desde entonces, muchos habitantes han percibido mayor seguridad en el país, una de las razones por las que el presidente Nayib Bukele goza de gran popularidad. Sin embargo, la medida del mandatario ha sido fuertemente criticada por varias asociaciones y organizaciones internacionales que reportan una violación sistemática de los derechos humanos.
Tras un año de régimen de excepción, El Salvador no sale de su «guerra contra las pandillas».
El estado de excepción se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 y fue implementado por el presidente Nayib Bukele para luchar contra la violencia de las pandillas en el país. Respondió a una escalada de asesinatos atribuidos a estas organizaciones criminales que se cobró la vida de 87 personas en tres días.
Desde entonces, fue renovada doce veces por la Asamblea Legislativa de El Salvador —controlada por fuerzas oficialistas—, un número que contrasta frente a lo que prevé la Constitución del país.
«La Constitución de la República establece con mucha claridad que el régimen de excepción solo puede prorrogarse por una vez, es decir, por 30 días. Sin embargo, hoy cumplimos un año del régimen de excepción. Esto implica una flagrante violación a la constitución», explicó Zaira Navas, especialista en seguridad y miembro de la ONG Cristosal.
El estado de excepción suspende varias garantías constitucionales: permite detenciones arbitrarias y sin orden judicial, interrumpe la libertad de asociación, el derecho a la defensa jurídica y extiende el plazo de detención administrativa a 15 días (cuando normalmente es de 72 horas).
Bajo este régimen especial, el Gobierno sacó a miles de militares y policías a las calles para realizar capturas masivas. Detuvo a más de 65.000 supuestos pandilleros, según cifras oficiales. Aunque múltiples organizaciones estiman que miles podrían ser inocentes.
Tan solo en enero, al menos 3.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción fueron liberadas por ser «inocentes», según había asegurado Bukele.
Las detenciones han contribuido al regreso a la calma en varias regiones del país y fueron bien recibidas por parte de la población.
«Hoy estoy tranquilo, cuando mi hijo y mi hija salen del colegio y vuelven solos a casa en transporte público, sin miedo a que los intercepten los bandidos», comentó Mauricio Reyes, un ciudadano de San Salvador, la capital del país.
Sin embargo, esta sensación de seguridad ha tenido un precio alto: de la mano con el estado de excepción comenzó a presentarse una creciente violación de derechos humanos en el país.
Violaciones de derechos humanos
En 12 meses de estado de excepción, se han reportado miles de casos de detenciones arbitrarias de personas que simplemente estaban tatuadas o que estaban presentes en zonas en las que suelen operar miembros de pandillas. Las personas detenidas no han tenido acceso a ningún juicio o defensa judicial.
Según la experta, el estado de excepción «se ha convertido en una medida que permanentemente viola los derechos de la población, que tiene a miles de personas detenidas sin proceso. De estas 65.000 personas que el gobierno anuncia haber detenido, ninguna de ellas ha sido llevada a juicio».
Según Amnistía Internacional, se reportaron «malos tratos infligidos a personas detenidas por las fuerzas de seguridad» como «la limitación de alimentos y acceso al aire libre para las personas presas». También se han reportado múltiples casos de tortura y varias personas han muerto bajo custodia, un motivo de alta preocupación para la organización.
Finalmente, el número de detenidos supera en gran medida la capacidad de las cárceles, llevando a los encarcelados a vivir hacinados en las celdas. Para hacer frente a este problema, Bukele hizo construir la cárcel más grande del continente americano, que puede acoger hasta 40.000 detenidos. Miles de ellos ya fueron transferidas al nuevo centro penitenciario.
Un riesgo de rebrote de violencia
Debido a las condiciones de detención de estos encarcelados y a la falta de justicia, varios expertos explican que las redes de pandilleros no se están desmantelando en las cárceles. Al contrario, como señala Navas, estas detenciones masivas podrían derivar en un rebrote de la violencia en el futuro.
«Cuando estas personas salgan, personas que han sido torturadas, abusadas, detenidas injustamente —porque en algún momento tienen que salir— estas personas no van a salir educadas, como lo establece la normativa penal en el país (…) va a haber más posibilidades que estas personas adquieren hábitos criminales en las condiciones en las cuales se encuentran», comenta la experta.
En los últimos años, la tasa de criminalidad excepcionalmente alta de El Salvador bajó debido a varias razones. En 2018, la tasa de crímenes era de 50,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que las autoridades prevén que baje hasta 2 por cada 100.000 este año. Si bien el encarcelamiento masivo de pandilleros hizo parte de la mejoría de la seguridad, esta cifra ya había empezado a bajar mucho antes de la declaración del estado de excepción. Medios locales, como apuntan que el descenso se explica por un supuesto acuerdo que Bukele hubiera hecho con las maras. El pacto se habría roto luego de que se cometieron asesinatos masivos hace un año.
Las organizaciones internacionales alertan sobre las negociaciones que se dieron secretamente entre las pandillas y el Gobierno.
«El fiscal del este de Nueva York ha procesado a varios miembros de la jerarquía de la mara MS (Salvatrucha) y ha mencionado con claridad que eso (el mejoramiento de la seguridad) ha sido posible por una negociación entre el gobierno y esta estructura criminal».
A pesar de esto, la popularidad del mandatario sigue creciendo en su país. En enero de 2023, la tasa de aprobación del presidente era de más del 90%. Estas cifras se pueden explicar por el rechazo histórico de la población hacia estos grupos extremadamente violentos que provocaron miles de asesinatos a lo largo de las tres últimas décadas.
