Por: Yessica Molina Medina/ Muchas preguntas están rondando el imaginario colectivo estos días. A propósito de la ciudadanía y de las democracias, del derecho a las protestas y de la acción de la Policía surgen preguntas como estas: ¿Qué pasa? ¿Por qué se desencadenó esta ira social? ¿Es la fuerza pública quien la genera o es todo lo que signifique autoridad? ¿Cómo debe responder el cuerpo policial? ¿Qué hay detrás del vandalismo? ¿Hay que reformar las instituciones para evitar los excesos de algunos miembros de la Policía?, entre muchas otras.
Las respuestas no las tengo, sin embargo, de algo sí estoy segura y es de lo inconcebible de los sucesos. Me cuesta pensar que un grupo de desadaptados destruyan el patrimonio público y, lo más alarmante, que atenten contra la propia vida. Tampoco concibo que los agentes, quienes nos protegen, abusen de su poder y agredan al ciudadano.
Todo comenzó con la muerte de Javier Ordóñez, como consecuencia de un innegable y vergonzoso abuso de varios miembros de la Policía. Es cierto que la ciudadanía está indignada por este y otros abusos, como también es cierto que la protesta es un derecho que el Estado debe garantizar, pero ¿dónde termina ese derecho para convertirse en vandalismo? La semana pasada vimos vandalismo puro (violencia contra los miembros de la Policía y contra el patrimonio público y privado) y una respuesta policial que costó vidas.
Aquí empieza el dilema: ¿qué debe hacer la Policía para frenar los actos vandálicos? Es decir, ¿debería la fuerza pública estar allí para defender el derecho ciudadano a la protesta cuando a un CAI llega una horda de encapuchados que atenta contra su integridad y trata de prenderles fuego?
La verdad es que la solución está antes, en la formación de los ciudadanos. Unos ciudadanos formados desde el hogar y el sistema educativo sabrán ejercer sus derechos sin destruir, sin atentar contra la vida de conciudadanos y autoridades. Un ciudadano instruido tendrá conocimiento de sus derechos y también de sus deberes, y reconocerá en la legalidad el mecanismo para defenderse.
También habrá que formar mejor a los policías, sin necesidad de recurrir a modificaciones de la ley, y revisar los protocolos vigentes sobre el manejo de estas situaciones extremas y, en general, de sus relaciones con cada ciudadano, desde el bueno que acata la ley hasta aquel que se altera y responde con rabia ante cualquier requerimiento (una requisa, revisión del documento de identidad, de los documentos de un vehículo).
Por lo pronto, necesitamos volver a la calma, porque no será a punta de destrucción como emprenderemos los cambios que la realidad nos está pidiendo. Necesitamos un mensaje de confianza para los ciudadanos. Y es que ese cambio cultural que lleve a retornar al respeto por la autoridad también exige la recuperación de la confianza perdida entre unos y otros. La primera función del cuerpo policial, pagado, por cierto, con nuestros impuestos, es cuidar a la ciudadanía. Así que lejos de ser enemigos, somos aliados.
*Master en comunicación estratégica, profesional Comunicadora Social- Periodista, asesora política y relacionamiento público y experta en marketing político.
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