Por: Eugenia Aguilar Rueda/ A propósito, los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga, que terminaron mandato en diciembre pasado, fueron omisivos con la obligación impuesta por la ley, el mandato popular y las decisiones judiciales, dilataron medidas contundentes para controlar el transporte informal, como también lo hicieron con la disposición final de residuos sólidos y el espacio público, por ello, el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga, en trámite de acción popular, ordenó la ejecución de un plan de acción que contenga medidas contra la piratería.
Al remembrar, el servicio público de transporte colectivo de pasajeros que prestaban las trece empresas agrupadas en Cotrausan en los años 98/99, solo quedan trazos frágiles de un buen servicio, que no sobrevivirá si se mantiene el actual sistema.
Conozco los esfuerzos de los directivos del gremio transportador que ilusionado por el gobierno Uribe, quien ofreció una gran inversión en el transporte masivo, se sometió al plumazo por parte de la autoridad en transporte y perdieron el 50% de su parque automotor y con ellos sus pasajeros, para después hacer un gran esfuerzo por lograr la atención de los mandatarios locales, presentando propuestas serias, e incluso hicieron programa piloto de complementariedad de algunas rutas, a fin de evitar la quiebra de todo el gremio y aun así, de forma equivocada, los mandatarios se sienten liberados de tal responsabilidad al entregar las facultades a la entidad del AMB para tal fin.
En su momento, agosto de 2017, cuando ya se avizoraba la crisis y ante la indolencia del gobierno local se presentó acción popular, siendo accionada Metrolínea y el AMB, entidades sobre las que reposa la solución del problema, quienes no vieron en la audiencia de pacto de cumplimiento una oportunidad de mejora para transformar el sistema, se mantuvieron de espaldas al gremio y al usuario que todavía esperanzaba una solución y afirmaron ante el juez de conocimiento que el sistema de transporte público en Bucaramanga y sus municipios de influencia era óptimo, se negaron a la integración operativa del servicio, a las mesas de concertación y diálogo propuestas por el gremio para el análisis del sistema, de las rutas del colectivo y del masivo, y a la identificación de la demanda de viajes de cada una de la rutas prestadas por las empresas del colectivo y el SIMIT, para hacer los ajustes respectivos que atendieran la necesidad del usuario y no quedaran expuestos a la piratería.
Con el ingeniero como alcalde, el gremio transportador se alcanzó a ilusionar, pero se esfumó con la salida de Consuelo del AMB, quien ya tenía el “toro por los cachos”, y los sucesores, tanto en el AMB como en Metrolínea, todos ellos sin conocimiento del tema y sin interés en absoluto por resolver la crisis del servicio de transporte público, la profundizaron.
Y aunque el Juzgado Once de Bucaramanga profirió fallo ordenando a las entidades accionadas, en un plazo de seis meses, gestionar y adoptar las medidas necesarias para estructurar un sistema de transporte público de pasajeros -masivo y/o convencional- superando las falencias que encontró probadas, aun no realiza los estudios técnicos que lleven a conocer las necesidades de la ciudadanía y ofrecer trazados en las rutas que cubran los sectores que fueron dejados sin servicio y la condición de ser prestado con eficiencia, seguridad y oportunidad. Han transcurrido los meses y los años sin asomo de solución.
Hoy tenemos que el transporte informal crece mientras que el SITM y el colectivo de pasajeros decrece y se ordena a los alcaldes acciones contundentes contra la piratería, lo cual nos lleva a reflexionar:
¿Qué deben hacer los actuales mandatarios para cumplir los fallos de los jueces Once y Quince administrativos ya que la piratería es consecuencia del mal servicio del transporte público de pasajeros?
Además del conocimiento sobre el tema, se requiere grandes inversiones de capital, visión de ciudad, la voluntad política, oír al gremio y al usuario para no fracasar en el nuevo intento.
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*Abogada especialista en administrativo y función publica
X: @EugeniaAguilarR
