La Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al alcalde (2016-2019) de Aguada, Santander, Ramiro Javier Ariza Almanzar, por no responder en forma debida y oportuna las peticiones respetuosas que le formularon la Procuraduría Provincial de Vélez y la personería municipal.
El ente de control evidenció que en reiteradas ocasiones el Ministerio Público solicitó al mandatario información relacionada con la convocatoria a las reuniones del Comité de Justicia Transicional, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de la ley de víctimas, sin obtener respuesta de fondo a sus requerimientos.
El disciplinado infringió el principio de moralidad administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, que exige que las actuaciones de los funcionarios se realicen con apego a las normas constitucionales y legales, por cuanto actuó contrario a las normas establecidas por el legislador.
Para la Procuraduría Provincial de Vélez, Ariza Almanzar incurrió en la prohibición para los servidores públicos establecida en el numeral 8º. del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 por “(…) no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas (…) de las autoridades (…)”.
La falta se calificó como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que el funcionario ostenta el título de abogado, ha ejercido la profesión como asesor jurídico y se había desempeñado durante vigencia 2008-2011 como alcalde de la misma localidad.
Contra la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.
