En los últimos días, la Corte Constitucional declaró de urgencia nacional resolver las demandas que se acumularon en el ejercicio de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto, que modificaba la ‘Ley de Garantías’.
Según lo estipulado en la ‘Ley de Garantías’, la contratación pública queda restringida en temporada de elecciones, con el fin de que los dineros utilizados no se vean filtrados en campañas políticas.
No obstante, debido a la pandemia del Covid-19, el Gobierno propuso en la nueva Ley de Presupuesto modificar un apartado, por lo que ahora se permitirá celebrar convenios interadministrativos durante estas épocas. La restricción se mantiene vigente para la mayoría de sectores pero quedan eximidos los convenios para ejecutar programas del Presupuesto General de la Nación.
Según la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, los días antes de la activación de la Ley de Garantías, el pasado 29 de enero, la celebración de contratos se quintuplicó. Llegaron días en lo que la cifra de contratos se elevó a 32.000.
«La intervención de la Ley de garantías electorales hace que las entidades realicen, en enero, la contratación que requieren para el año. Este es el año en que más se ha exigido al Secop II», dijo José Andrés O’Meara, director general de la agencia.
Lo que sucede ahora es que la contratación directa queda suspendida, y la que está exenta de la Ley, será revisada por la Contraloría General.
Entonces, lo resuelto por la Corte Constitucional es darle prioridad a las demandas que no están de acuerdo con esta exención al considerarlas inconstitucionales. Esto con el fin de resolver cuanto antes la polémica y decidir si con la Ley de Presupuesto, los recursos del Estado correrían algún riesgo.
