Un informe de la Contraloría General, en la ciudad de Arauca hay 238 familias esperando a que se les entreguen las viviendas de las cuales resultaron beneficiarios y que se construyeron con recursos de regalías, pero todavía no cuentan con servicios de agua, alcantarillado y energía, además de otros problemas técnicos.
El proyecto Los Laureles I, que se construyó en la comuna 3 de la capital del departamento, se ejecuta mediante un convenio entre la Gobernación de Arauca y la Caja de Compensación (Comfiar) y tendría una incidencia fiscal de $7.299 millones según los hallazgos de la Contraloría para el segundo semestre del 2017.
El convenio con Comfiar incluía que las viviendas serían subsidiadas en un 95%, por lo que las 283 familias beneficiarias pagarían apenas $2 millones de los $45 millones que debía costar cada unidad.
Sin embargo, el proyecto se ejecuta desde 2013 y según la Contraloría General “se encuentra en total incertidumbre y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación”.
La Contraloría destacó que por un lado, el servicio de electricidad no puede ser garantizado en la urbanización pues “no existen instalaciones eléctricas terminadas, no se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar ESP las matrículas y medidores de energía”.
Por otra parte, los servicios de agua y alcantarillado tampoco pueden ser instalados pues “no existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda, ya que a pesar de que Emserpa ESP da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial, no es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable”.
La entidad también advirtió que en este departamento las irregularidades en la ejecución de proyectos con recursos de regalías, solo entre 2015 y 2017, ya suman $40.247 millones.
La Contraloría recordó que en la misma ciudad de Arauca es reconocida la construcción de una planta de tratamiento de aguas que se convirtió en un “elefante blanco”, construido también con regalías.
El proyecto, que le representa a la Nación una pérdida de $10.824 millones según las advertencias de la Contraloría en 2016, jamás fue puesta al servicio de la comunidad y su abandono llevó al deterioro de la infraestructura que se alcanzó a construir y no pudo ser saqueada.
Otro elefante blanco del departamento es el sistema de alcantarillado del corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Tame. El hallazgo fue advertido por la Contraloría en el primer semestre de 2017 y representa pérdidas por $2.300 millones.
