Las contralorías territoriales cuentan con solo el 44% de los funcionarios del control fiscal colombiano, y con ello deben realizar todo su proceso de vigilancia y control, dijo el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, Diego Fernando Uribe Velásquez.
El Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, Diego Fernando Uribe Velásquez, señaló que las cuentas de la vigencia 2022 rendidas por las contralorías territoriales, arrojaron datos relevantes que deben ser analizados en el marco de las reformas que se proponen para fortalecer el control fiscal territorial.
De acuerdo con la información recibida por la Auditoría General en el proceso de rendición de cuentas de las contralorías, estas entidades reportaron como beneficios cuantitativos del control fiscal territorial la suma de 1.9 billones de pesos.
Al respecto, Uribe Velásquez manifestó que, “las contralorías vienen realizando su función de manera rigurosa y esto se ve reflejado en los impactos territoriales, los cuales lastimosamente, en ocasiones son desconocidos por la ciudadanía”.
En tal sentido, recordó el Auditor Delegado que a pesar de que solo el 44% de los más de 10 mil servidores públicos del control fiscal, están vinculados a las 66 contralorías territoriales, el ejercicio de la función pública del control fiscal entrega beneficios cualitativos y cuantitativos, el resarcimiento del daño patrimonial en proceso de responsabilidad fiscal, el recaudo en cobro coactivo y sus dificultades, y la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento, entre otros logros que benefician la gestión y las finanzas de las regiones.
Los retos del 2023
“Hay que reconocer el cumplimiento de las contralorías territoriales en sus deberes de rendición de cuenta, de esta manera se facilita el proceso auditor que adelantaremos a las contralorías territoriales durante el presente año, así mismo el proceso de certificación de la gestión de las contralorías territoriales de la vigencia 2022, la cual se expedirá a más tardar el 31 de marzo del presente año”, dijo Diego Fernando Uribe, quien además destacó avances en la adopción, implementación y puesta en marcha de la Guía de Auditoría Territorial – GAT- que ha fortalecido los procesos misionales.
Así mismo, Uribe Velásquez instó a los contralores a tener en cuenta que el ejercicio de vigilancia y control a desarrollar este año por las contralorías, estará rodeado por la actividad democrática de las elecciones territoriales del mes de octubre, sobre lo cual advirtió que “… es importante que tengan un control del ejercicio de la función pública a su cargo evitando cualquier tipo de injerencia o intervención en los procesos electorales, pues dichas situaciones afectan gravemente la credibilidad de los entes de control fiscal”, y agregó que cualquier actuación contralora debe corresponder a aspectos meramente técnicos y jurídicos que respeten las garantías constitucionales.
Finalmente, señaló como otro desafío importante para 2023, el relacionado con la vigilancia de la prestación del servicio de alumbrado público que en distintos municipios y distritos del país ha sido concesionado y cuya fuente de financiación corresponde a un impuesto, por tanto ha sido carente de un control fiscal efectivo.
