Con el respaldo del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios del Senado de la República
Asocapitales radicó el Proyecto de Ley para solucionar problema carcelario del país.
El hacinamiento en estaciones de Policía y URIs, a nivel nacional, es del 174% (cerca de 23.000 personas sindicadas) y en las cárceles manejadas por el INPEC, el hacinamiento llega al 20% (más de 21 mil personas sindicadas), según el Tablero de Control Detenidos Policía Nacional.
Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, radicó este martes 29 de noviembre en el Congreso de la República un Proyecto de Ley que se propone, en un lapso de 6 años, mejorar la situación que atraviesan los sindicados a nivel nacional, definir responsabilidades (del Gobierno Nacional y de los entes territoriales) y buscar fuentes de financiación para tal fin.
Principales propuestas
El comunicado oficial de Asocapitales señala además que las principales propuestas son las que siguen:
-Definición de las competencias de los niveles de gobierno: La competencia de la población condenada continúa en cabeza del Gobierno Nacional, mientras que la responsabilidad de la población con medida de aseguramiento se distribuye de acuerdo con las penas a imponer (de mayor a menor duración). El Gobierno Nacional deberá encargarse de los sindicados con penas máximas; las gobernaciones, de los sindicados con penas intermedias y las ciudades o municipios que tengan un mayor índice de delito en el país, de los sindicados con penas mínimas, procurando una distribución equitativa de las cargas entre las partes.
-Integración territorial: Se crean las cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad o carezcan de recursos para un establecimiento de reclusión propio.
-Frente al hacinamiento en las URIs, acogemos a la reciente orden de la Corte Constitucional para departamentos y municipios. Se refuerza la prohibición de que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía.
-En el proyecto se plantean nuevas fuentes de financiación, provenientes de fondos existentes (FONSECON – FONSET) y multas impuestas en procesos penales. La activación de este proyecto tendría un costo superior a los 4 billones de pesos, proyectado a los próximos 6 años.
-Tiempos de la responsabilidad: Se establece que la responsabilidad que tiene una entidad territorial frente a una persona privada de la libertad dura hasta dos años. Si el detenido no ha sido condenado, pasaría a competencia del Gobierno Nacional.
