Uno de los temas que más controversia ha generado en los últimos años en el Congreso es la viabilidad del fracking para exploraciones de petróleo y gas y, nuevamente, esta tema ha tomado relevancia en la agenda legislativa por cuenta de Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, quien ha abierto la puerta no solo de la prohibición de esta práctica, sino también de clasificarla como un delito.
A través de un proyecto de ley, que ya fue radicado por el representante, se busca que esta práctica cuente con implicaciones legales para quien la efectúe, pues afectaría el derecho a vivir en un ambiente sano, según argumenta el líder del proyecto.
Así mismo, según Losada, esto estaría tipificado como un delito en contra de los recursos naturales y el medio ambiente y habla de condenas entre ocho y 15 años de prisión así como multas que ascienden a 50.000 salarios mínimos legales vigentes.
Estas penas se fundamentan por cuenta de la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas con la utilización de sustancias químicas y desechos tóxicos, señaló Losada.
«El que realice actividades de sísmica, exploración, explotación o aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fracturación hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de 96 a 180 meses y multa de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos», se puede leer en el proyecto radicado.
