Los Senadores Didier Lobo, José Luis Pérez Oyuela y los Representantes Jaime Humberto Cristo, Modesto Enrique Aguilera y Mauricio Parodi Díaz, del Partido Cambio Radical, radicaron proyecto que establece una política que garantice la prestación de calidad de los servicios, en el marco del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, así como el fortalecimiento de la formación académica, para consecuentemente dignificar la labor de las mujeres y hombres cabeza de familia de los hogares colombianos, que prestan sus servicios como manipuladores de alimentos.
Con el presente proyecto, las personas dedicadas a prestar sus servicios en la labor de manipulación de alimentos, cuyo objeto sea la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, tendrán derecho a las garantías mínimas de ley, en especial a un ingreso no inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el reconocimiento de sus prestaciones sociales, durante el tiempo de operación del programa PAE.
El Senador José Luis Pérez, (Cambio Radical) argumentó que, “se busca fortalecer el programa de alimentación escolar en Colombia, por medio de la acreditación de los manipuladores de alimentos en el proceso de alimentación de las niñas y niños de Colombia; adicionalmente, la Acreditación debe ser por vía del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con una certificación que respalde la prestación de un servicio de calidad”. Y agregó el congresista, que las personas que trabajan en este tipo de servicios ganan un promedio de 13.000 pesos diarios.
La anterior propuesta se podrá desarrollar, con el incremento de los niveles de formación de los manipuladores de alimentos, mediante la acreditación del certificado respectivo, con una entidad de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar «Alimentos para Aprender”, establecerá, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta ley, los lineamientos para que los operadores del servicio de alimentación desarrollen la prestación de este servicio, en cumpliendo con la reglamentación de esta ley; de lo contrario será causal de caducidad o terminación del contrato y de imposición de las multas a que haya lugar.
Por último, la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus funciones y marco normativo, realizará informes públicos en cumplimiento de esta medida.
