El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón, confirmó ayer que en Usme se recuperaron cuatro camionetas más robadas, pertenecientes a la empresa Alliance Security, y que iban para la Unidad Nacional de Protección (UNP), avaluadas en cerca de $500 millones cada una. Con estas cuatro ya son 15 las camionetas recuperadas de las 16 que se llevaron en un parqueadero en Suba.
El caso tomó notoriedad pública debido al carácter cinematográfico del robo, por el número y tipo de vehículos involucrados. Los esfuerzos de la policía se han centrado en desmantelar la red criminal detrás de este acto ilícito, lo que ha permitido importantes avances en la investigación. No obstante, aún se busca la recuperación de los dos vehículos restantes y se trabaja en la identificación y captura de otros posibles partícipes en este hecho.
La eficacia de estos procedimientos ha sido clave para la pronta recuperación de las unidades, las cuales constituyen un bien significativo dada su función en la protección de individuos bajo amenaza.
La Fiscalía General de Colombia ha llevado ante un juez a tres implicados en el robo de camionetas blindadas destinadas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hasta el momento, se han recuperado 15 de las 16 camionetas hurtadas, cuyo valor asciende a unos 6.500 millones de pesos.
Los detenidos, identificados como Germán Alexander Moreno Bolívar, Jairo Alfonso Rojas Ballén y Brayan Alfonso Rojas Muñoz, fueron capturados en el barrio Jackeline luego de que la Policía activara el plan candado y recibiera información de un ciudadano sobre movimientos sospechosos en un parqueadero del sector de Kennedy.
Según las investigaciones, estos sujetos estarían vinculados con una organización delictiva dedicada al hurto de vehículos de alta gama. Durante la audiencia, se les imputaron cargos por hurto calificado, receptación y secuestro simple, a lo que se declararon inocentes.
El robo de las camionetas, que había sido adquiridas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los esquemas de seguridad de los magistrados de la JEP, involucra una sofisticada operación. Además, varios vehículos se encontraban en un proceso de embargo por no cumplir con los requisitos de seguridad.
La fiscal del caso apunta a una elaborada estrategia de seguimiento y ejecución del hurto, aprovechando un pleito legal entre la empresa de seguridad y el exportador de las camionetas.
Las autoridades continúan las investigaciones para identificar al resto de los participantes en el robo y a los potenciales compradores de estos blindados. Mientras tanto, la colaboración con la Fiscalía General por parte de los detenidos podría ofrecer más pistas sobre los autores intelectuales y otros miembros de la red criminal responsable del hurto. Este caso resalta los desafíos en la seguridad y el comercio ilegal de vehículos blindados en el país.
