La firma de consultoría Kearney, con el liderazgo de Lisando Pérez, partner & managing director para Colombia, lanzó el estudio «Reflexiones para el desarrollo de políticas públicas para el sector de Minas y Energía en Colombia». Según el documento, este sector ha sido clave para el desarrollo económico del país, pues representa 6,9% del PIB total, con $9,5 billones en regalías anuales.
«La transición energética ya es una realidad innegable a nivel global y Colombia debe asumir el reto de contar con una hoja de ruta clara que le permita navegar el cambio desde diversos frentes. Específicamente, para el sector minero energético el desafío consiste en transitar hacia energías más limpias asegurando el uso responsable de los recursos para garantizar la sostenibilidad y competitividad energética, así como la generación de recursos económicos tan necesarios para el desarrollo del país», afirma el estudio.
Según la firma, la hoja de ruta para los próximos años propone una transición energética progresiva de energías contaminantes a fuentes más limpias. Para el año 2050 se espera un aumento de participación de electricidad de 16% a 33%; en cuanto a la participación del gas natural se espera que dicha participación pase de 14% a 24%. Asimismo, se espera que la dependencia económica del petróleo pase de 46% a 32%.
De esta manera, Kearny aseguró que hay unos pilares básicos para lograr los anteriores objetivos energéticos. El primero es proteger la explotación responsable de hidrocarburos y minas, pues el próximo gobierno tendrá el reto de invertir o no, por ejemplo, en yacimientos no convencionales. También deberá decidir si se invierte más en exploración y producción de gas y petróleo.
Otro de los pilares es asegurar el abastecimiento de energía eléctrica. Entre los retos en la materia que nombra la firma está la diversificación de la canasta de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable; garantizar que toda la población tenga acceso a este tipo de energías; generar interconexión eléctrica a nivel regional; optimizar la operación de activos de generación base, transmisión y distribución eléctrica.
Otro de los grande pilares es controlar la huella ambiental y tener en cuenta los compromisos ambientales adquiridos. «Los próximos gobiernos deben identificar y acoger de manera eficiente tecnologías y políticas públicas que permitan: i) reducir emisiones, ii) mitigar el impacto de actividades extractivas y productivas, y iii) migrar hacia la movilidad eléctrica», asegura el estudio.
