Por: René Rodrigo Garzón Martínez/ La medición de la seguridad en una ciudad se compone por diferentes temas, y las maneras de cómo se ve afectada despliegan diferentes problemáticas. En mi primera columna analicé cómo la invasión al espacio público incrementa la inseguridad. Hoy en mis ‘reflexiones ciudadanas’ quiero abordar la inseguridad que se ha generado por la falta de estrategias de atención integral y preventivas a la población de infancia y adolescencia.
La inseguridad en Bucaramanga se ha visto afectada por parte de los delitos en niños, adolescentes y jóvenes, según las autoridades, este año se han atendido más de 621 casos de jóvenes comprometidos en actos delincuenciales. Sin embargo, la problemática tiene un trasfondo donde la corresponsabilidad no solo es de la familia, sino del mismo Estado.
Es importante considerar que el estado debe velar por la seguridad de los ciudadanos, dando prioridad a poblaciones humildes y vulnerables con programas integrales; por tanto, sería evidente que dentro de la planificación y ejecución de las políticas prioritarias a nivel del Municipio de Bucaramanga, los niños, niñas y adolescentes han de convertirse en el principal compromiso y reto ético, político y social.
Infortunadamente, el trabajo ha sido escaso y la administración actual en Bucaramanga es el vivo ejemplo de un gobierno, que por falta de inversión en programas integrales y preventivos, se aumentan los actos delictivos en la infancia y adolescencia, engrosando así las estadísticas e indicadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA.
En Bucaramanga aproximadamente son más de 10 mil menores inmersos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los últimos ocho años, menores que delinquen por sobre todo en el porte y tráfico de estupefacientes, lesiones personales, el hurto en todas sus modalidades… etc. Según la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia -el cual constituye el SRPA-, indica que “las sanciones que se aplican a un adolescente son supervisadas por el ICBF y lo que buscan es que el adolescente sea protegido y viva un proceso educativo que le permita cambiar su forma de pensar y actuar para que no vuelva a cometer ningún delito y que corrija sus errores reparándole a la víctima el daño que le causó”.
No obstante, lo más grave es que la cifra de reincidencia es de un 60%, donde los menores delinquen por segunda vez.
Todo este contexto lo he estudiado desde el 2011 -como Secretario del Interior y actualmente como Concejal- y me ha llevado a una conclusión trascendental: el estado ha omitido una etapa fundamental, ‘el diagnóstico, sensibilización y socialización de las estrategias’, un periodo vital para identificar cómo intervenir en esta población a fin de impactar y generar realmente cambios positivos en sus comportamientos.
Las estrategias actuales a nivel país tienen un enfoque correctivo con programas que se imponen, no se socializan y tampoco están alineados a lo que los niños, adolescentes y jóvenes quieren y necesitan. Así, la oferta para los temas de juventud deben ser interinstitucionales donde haya posibilidad de educación, recreación, deporte, cultura y todas las nuevas tendencias e intereses que van surgiendo en la población; en absoluto los programas deben impedir y prevenir el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas donde fácilmente se pueden involucrar en otros tipos de delincuencia como la prostitución, riñas… etc.
Ahora bien, he observado que los indicadores de los programas en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga son simplemente ‘indicadores numéricos’, solo evalúan el número de personas que se atienden, pero no miden su impacto. De hacer dicho ejercicio de medición, podría ayudar al municipio no solo a identificar cuántas personas se están beneficiando e impactando, sino a trabajar con ellas mismas como nuevos líderes para los jóvenes.
Aquí la invitación es a la administración municipal para actuar proactivamente. Es evidente que la ciudad reclama políticas preventivas efectivas que con apoyo de los entes territoriales impacten y protejan a esta población desde la primera infancia a fin de disminuir la incidencia y reincidencia de menores al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Twitter: @ReneGarzonM
