“Existe impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá retomar el curso y evitar que prescriban más de 10.000 procesos”, así lo manifestó, Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, a las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes tras la aprobación del proyecto de ley de reforma al Código Disciplinario.
La iniciativa aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así, a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
De esta manera, todas las faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas. “Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad”, señaló la Procuradora General de la Nación.
El proyecto, en consecuencia, permitirá contar con actuaciones disciplinarias garantistas, efectivas y contundentes para un adecuado respeto del debido proceso.
