Otra vez en el Congreso de la República no prosperó la reforma política que estaba siendo impulsada por congresistas del Partido Liberal, con la cual se buscaba cambiar por completo las reglas de juego en el sistema electoral colombiano.
El proyecto planteaba elementos cruciales como la lista cerrada paritaria para los comicios, con el fin de que las mujeres tuvieran una mayor participación en la política, pero como no se debatió en la plenaria del Senado, los tiempos ya no dan para que pueda salir adelante en sus primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, fecha en termina la legislatura ordinaria.
El senador Luis Fernando Velasco, coordinador de ponentes, dijo que “a pesar de que rendimos la ponencia hace más de un mes, la mesa directiva del Senado no agendó este debate y por tiempo es imposible que se pueda debatir y votar”.
Agregó que “pudo haber sido una decisión política de la mesa directiva en el manejo de la agenda. En la Comisión Primera se debatió y se aprobó y yo creo que quien debe responder es la mesa directiva, aunque también es bueno recordar que se nos cruzó la cuarentena que se decretó en la plenaria del Senado, pero sí hubo unas sesiones presenciales en las que pudo haberse agendado y lamentablemente no se agendó”, dijo.
Además de la lista cerrada para las elecciones, el proyecto también contemplaba el congelamiento del salario de los congresistas durante cuatro años, lo que hubiese significado una verdadera reducción del sueldo que ganan los parlamentarios todos los meses.
“Le vimos mucha pereza al Gobierno. No le interesó la reforma y una reforma de este calado tiene que surgir de un pacto político. Yo hablaré con los líderes de otros partidos y es probable que una reforma pueda funcionar en la medida en que no se aplique a quienes la aprueban, sino que se aplique en la posteridad porque Colombia sí necesita una reforma política”, manifestó.
La reforma planteaba una reglamentación de la figura de la escisión, que le permitía a congresistas y miembros de los partidos políticos retirarse para irse a conformar nuevos movimientos.
También se proponía crear un nuevo tribunal electoral que estaría adscrito al Consejo de Estado y que se encargaría de tomar todas las decisiones de carácter jurisdiccional en materia electoral, que hoy son competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
