El Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunió el día 11 de marzo de 2021 con el fin de analizar el cierre fiscal de 2020 y el Plan Financiero de 2021, dando cumplimiento al compromiso que adquirió el Gobierno en el marco de la suspensión del cálculo paramétrico de la Regla Fiscal.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el déficit del Gobierno Nacional Central se ubicó en 7,8% del PIB, cifra inferior a la estimada en octubre de 2020 (8,9%).
Para 2021 el Ministerio proyecta un déficit de 8,6% del PIB, superior al estimado en octubre de 2020 (7,6%).
El Ministerio de Hacienda explicó que la dinámica del déficit programado se debe al aplazamiento de algunos gastos de la emergencia de 2020 a 2021, la prolongación e intensificación de la pandemia más allá de lo previsto y a la decisión de implementar un programa de inversiones equivalentes a 1,3% del PIB para fomentar la reactivación económica.
El Comité consideró que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 y, por tanto, ampliaron la perspectiva de déficit fiscal, son razonables.
No obstante, advirtió sobre la ineludible necesidad de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, en el contexto de ese escenario. Es indispensable garantizar la reducción de la deuda a partir de 2022, en un marco amigable con el proceso de recuperación de la economía.
En consecuencia, el Comité hizo hincapié en la impostergable necesidad de radicar prontamente una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos.
La integralidad de dicha propuesta exige consistencia con la recuperación económica, mayor eficiencia del gasto público mediante la mejor focalización de los subsidios y la extensión de la red de protección social, al tiempo que se garantiza la suficiente movilización de recursos tributarios adicionales. La sostenibilidad fiscal requiere que el efecto de estas medidas genere una mejora en el balance primario del Gobierno de al menos 1,5 puntos porcentuales del PIB de manera permanente.
Como resultado de los efectos de la pandemia es claro que la capacidad de endeudamiento adicional de la Nación se ha reducido sustancialmente y en consecuencia demandas adicionales de gasto deben venir acompañadas de nuevos ingresos tributarios que los sustenten.
Esta circunstancia requiere un compromiso de todos los actores de la sociedad para asegurar la coherencia entre las demandas al Estado y la suficiencia de recursos que la sociedad está dispuesta a aportar.
