La Fiscalía de Ecuador confirmó este martes 31 de diciembre que los cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, tras ser aprehendidos por militares.
Se trata de Josué Arroyo, de 14 años, Ismael Arroyo (15), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).
“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre”, indicó la Fiscalía.
El pasado 24 de diciembre fueron encontrados cuatro cuerpos, maniatados y calcinados en un terreno cercano a la Base Aérea de Taura, a unos 40 km de donde fueron detenidos los menores y donde habrían sido vistos por última vez.
Los cuatro menores de edad se encontraban en paradero desconocido desde el 8 de diciembre, día de su desaparición. Ese día, estaban jugando futbol en el barrio popular de Las Malvinas de Guayaquil, según contaron sus familias. Fueron detenidos por soldados cuando presuntamente cometían un robo y fueron trasladados a la base militar, afirmaron, por su lado, los soldados.
También afirmaban que los habían dejado con vida en el camino hacia la base militar.
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la jueza constitucional Tanya Loor Zambrano, que declaró que los menores fueron víctimas de desaparición forzada tras el operativo militar.
Conmoción en medio de la protesta
Mientras tanto, frente a la unidad judicial donde se formulaba los cargos contra los 16 militares investigados en el caso, la conmoción fue fuerte entre los manifestantes tras el anuncio de la identificación de los cuerpos. Los gritos y llanto de los familiares y amigos de los menores llenaron el lugar.
En medio de lágrimas, algunas personas desafiaron a personas que apoyaban a los militares en el sitio.
“La prueba de ADN confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura son de los cuatro niños desaparecidos. Estos exámenes se toman un tiempo, pero en virtud de la premura y la conmoción que ha causado este caso, el laboratorio de Criminalística remitió el informe a la brevedad”, comentó Abraham Aguirre, un abogado de grupos de Derechos Humanos que apoya a las familias presente en el lugar.
Fiscalía pidió prisión preventiva para 16 militares
Mientras se identificaban los cuerpos, la Fiscalía del país andino pidió prisión preventiva para 16 militares investigados por su presunta implicación en la desaparición de los cuatro menores.
Existen «elementos de convicción recabados contra los involucrados», señaló el fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
El abogado de los uniformados dijo que apelará el fallo mientras se encuentran puestos bajo custodia militar.
“Que vayan directamente a la cárcel que es donde deben estar. Queremos que estén detenidos en la cárcel, no en una base militar”, reaccionó Antonio Arroyo, tío de dos de los chicos asesinados.
La investigación durará 90 días, añadió la Fiscalía
Ni el Ministerio de Defensa ni la oficina del presidente Daniel Noboa han hecho comentarios. Ambos han expresado anteriormente su apoyo a las familias y a la investigación y Noboa ha propuesto que los niños sean declarados héroes nacionales.
Tragedia en el marco de la política de mano dura de Noboa
Esta última propuesta contrasta con la actitud desplegada por parte del Gobierno ecuatoriano hace unos días. Al principio, las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arrojaban más dudas que certezas sobre el caso.
El ministro dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias”, cuando ya los familiares y los defensores de los Derechos Humanos denunciaban que era una desaparición forzada. Y aunque no quiso reconocer la participación de militares en este caso, luego tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión.
También cabe recordar que la desaparición de los niños, presuntamente a manos de los soldados, ocurrió en el marco de una política de militarización del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, instaurada desde enero de 2024 en un intento por contrarrestar el incremento de la criminalidad que se lucra, en particular, del narcotráfico.
Aunque bajó en comparación con el año 2023, la tasa de homicidio queda del 40,4% por 100.000 habitantes en 2024 según cifras comunicadas por la Policía Nacional ecuatoriana, lo que hace del país andino uno de los más peligrosos a nivel mundial.
El accionar de las policías y de las Fuerzas Armadas ha sido denunciado en repetidas ocasiones por miembros de la sociedad civil que han criticado operativos que van más allá de lo que establece la ley y vulneran los Derechos Humanos de los individuos con el pretexto de luchar contra el crimen organizado.
