Luego de que la Cámara de Representantes aprobara en primer debate el proyecto de acto legislativo con el que se busca reformar la justicia en Colombia, los ponentes de dicha iniciativa decidieron retirar dos artículos que causaron polémica.
Uno de ellos era el que modificaba los requisitos para ser fiscal y procurador, mientras que el otro permitía que esos funcionarios fueran juzgados por la Comisión Acusaciones del Congreso y no por la Corte Suprema de Justicia.
En ese contexto, en el nuevo texto de ponencia para segundo debate se establece que «para ser elegido Fiscal General de la Nación se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; tener título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 10 años y con experiencia profesional simultánea y/o complementaria no menor a 10 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo. Además, deberá contar con posgrado en derecho penal o afines”.
En el caso de los requisitos para procurador, se establece que la persona «debe tener título universitario de abogado, con experiencia profesional mínima de 10 años y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 10 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo”.
En ese sentido, el representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas, consideró que el proyecto no está modificando a la justicia.
«Ustedes aquí están modificando la nómina de la justicia, cómo elegir a sus amigos y sus copartidarios en esos cargos, cómo abrir la brecha para que puedan llevar a sus amigos, pero a la ciudadanía no. Aquel al que han robado, matado un hijo o lo han robado, eso lo tienen sin cuidado. No se quiénes trabajan con empresas capitalistas que son quienes quieren magistrados de bolsillos”, señaló.
Con relación a la eliminación del artículo que facultaba a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a juzgar al fiscal, procurador, contralor, registrador, y defensor del Pueblo, el representante Juan Carlos Losada indicó que «había una clara ruptura del orden constitucional y era inaceptable desde cualquier punto de vista semejante ‘orangután’ en una Comisión que no tiene suficientes facultades y garantías».
La iniciativa llegará a su segundo debate con el nuevo informe de ponencia. Para ser Ley de la República, deberá surtir ocho debates en Senado y Cámara.
