Por: Diego Ruiz Thorrens/ Junio es el mes de la diversidad sexual. Para millones de personas pertenecientes a los sectores LGBTI+ el punto de partida para celebrar 51 años de lucha, resistencia y resiliencia sigue siendo los disturbios de Stonewall, 28 de junio de 1969, Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, este año debido a la pandemia, muchas organizaciones y líderes/as/es LGBTI+ decidieron cancelar los eventos y marchas programados, emitiendo comunicados en redes sociales y planteando nuevas actividades para recordar la fecha, dando prioridad a la protección de la población en general y evitando la trasmisión del Covid–19.
Por esta razón, de la mano de la tecnología y las plataformas digitales, el 28 de junio del presente año muchos/as/es activistas llevarán a cabo la “gran marcha virtual LGBTI+”, espacio que será transmitido y compartido en redes sociales. Será una oportunidad única donde decenas de activistas LGBTI+ hablarán sobre avances y también retrocesos en derechos de las poblaciones sexualmente diversas en nuestro país. Es un paso importante, principalmente porque permitirá conocer de primera mano la lucha de las poblaciones LGBTI+ pertenecientes a regiones apartadas de las áreas metropolitanas.
Sin embargo, algunos sectores han criticado la realización de la marcha virtual debido a que los problemas de las poblaciones LGBTI+ se dispararon en tiempos de la pandemia. Las paradojas son muchas. Algunas de las posturas de los sectores contrarios (o que sencillamente no comparten) la manifestación en redes sociales nace ante la ironía de “celebrar virtualmente” los derechos de las poblaciones LGBTI+ mientras que en las calles y en muchos hogares las personas sexualmente diversas viven todo tipo de violencia. La discusión es coyuntural.
Otro argumento ha sido resaltar las falencias de carácter administrativo y de voluntad política que afectan a las poblaciones LGBTI+: el gobierno nacional promociona la defensa de los derechos humanos en todos los territorios mientras anula la existencia de las poblaciones sexualmente diversas. En especial, cuando decidió voluntariamente sepultar el documento de política pública nacional LGBTI+. Sólo algunas (en sí, muy pocas) organizaciones LGBTI+ han levantado su voz de rechazo.
Tanto el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales buscan sacar pecho por acciones que no han realizado o que otros realizaron por el bienestar de las comunidades LGBTI+, sin el acompañamiento de ellos. Ejemplo, cuando el ministerio solicitó de carácter urgente a cientos de organizaciones defensoras de los derechos de las poblaciones LGBTI+ listados de líderes/as/es pertenecieran a estos sectores para eventualmente realizar la entrega de ayudas y/o mercados. Transcurridos tres meses, miles de personas siguen sufriendo dado que no han recibido, aunque sea, una sola ayuda.
En Santander, la situación de las personas pertenecientes a los sectores LGBTI+, tanto del área metropolitana de Bucaramanga como de los municipios más apartados del departamento, siguen siendo graves. Muchos han tenido que reinventar sus estrategias económicas para recibir algún presupuesto que les permita alimentarse y seguir viviendo.
Por otro lado, existe un amplio sector de la población, especialmente trabajadoras/es de la población gay y trans informales, que cerraron sus negocios y quebraron económicamente, obligándoles a replantear nuevas estrategias para sostenerse. Decenas de personas han sido expulsados/as de los sitios dónde habitaban y otro tanto se encuentran ante el dilema de pagar un arriendo o alimentarse. Esta precariedad principalmente la encontramos en población LGBTI+ migrante radicada en la ciudad, aunque también en una gran cantidad de LGBTI+ connacionales.
En la zona centro de Bucaramanga, mujeres pertenecientes a la población trans han sido víctimas de distintos fenómenos de violencia. Aquellas que realizan trabajo sexual se han visto envueltas en amenazas por extorsión y “pago” por movilidad en ciertas zonas. Principalmente, son ellas las más afectadas, quienes principalmente no han recibido algún tipo de ayuda o apoyo.
La violencia producida en razón de la orientación sexual e identidad de género en niños, niñas y adolescentes tampoco ha pasado desapercibida. Sin embargo, las rutas de denuncia dirigidas a la protección de menores víctimas de violencia en razón de la orientación sexual e identidad de género son las menos conocidas y por lo tanto las menos activas cuando la violencia ocurre.
Por último (aunque no menos importante), las personas pertenecientes a la población LGBTI+ que viven con el virus de VIH siguen encontrando obstáculos en la garantía de sus derechos, principalmente en la atención integral en salud.
La corporación Conpázes – Proyecto Santander Vihda ha recibido denuncias de pacientes a quienes le han suspendido la entrega de medicamentos antirretrovirales (indispensables para mantener la carga viral de las personas viviendo con VIH en niveles indetectables, mejorando notablemente su calidad de vida) debido a la demanda y desabastecimiento de los mismos. Recordemos que en Colombia la población con mayor incidencia (nuevos casos) en VIH sigue perteneciendo a la población heterosexual. Sin embargo, las barreras en el acceso a medicamentos dirigido a personas pertenecientes a la población LGBTI viviendo con VIH continúan siendo palpables.
A lo anterior, sumemos la violencia en razón del género y la orientación sexual, el abuso y la violencia sexual, dirigidos especialmente a mujeres trans y mujeres lesbianas, casos identificados por la misma corporación.
Los retos encaminados a la protección de las personas pertenecientes a los sectores sexualmente diversos en Santander y en nuestro país son amplios, pero desafortunadamente, pareciera no existir una intensión o un deseo político para lograr transformar y mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
Sin embargo, queda la esperanza de que una vez finalice esta cuarentena, las poblaciones puedan exigir y demandar las garantías que hasta el momento les han sido negadas. Los retos son grandes, pero no imposibles.
Esperemos que todo lo anterior sea discutido en el espacio de la gran marcha virtual, aunque sé que así será.
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Santander.
Twitter: @Diego10T
