En medio de la polémica que protagoniza el Ministerio de las TIC por haber otorgado un anticipo de $70.000 millones en un contrato para llevar internet a colegios de zonas rurales del país, un juez de Puerto Colombia, Atlántico, volvió a generar revuelo porque primero aprobó una tutela contra el MinTIC que interpuso el contratista que presentó garantías bancarias falsas (UT Centros Poblados), pero luego, horas más tarde, metió un reversazo y dijo que la rechazaba.
La decisión del juez Alberto Mario Ospino se dio luego de que analizara la tutela interpuesta por el consorcio Centros Poblados en que defienden su inocencia durante el proceso. Aunque el juzgado declaró en un principio que había aceptado el recurso y frenaría la caducidad del contrato, en horas de la tarde de ayer se anunció que el recurso del consorcio fue rechazado.
El juez Ospino ordenó, en un principio, suspender los efectos de la resolución del MinTIC que buscó generar caducidad del contrato, además de detener el embargo al consorcio y sus integrantes para recuperar hasta $70.000 millones en recursos de inversión tecnológica. Al revertir la decisión, se remitió al juez civil de Barranquilla para tomar una decisión en segunda instancia. El contrato ascendía hasta $10,7 billones para conectividad.
Sobre la decisión del juzgado, la ministra de las TIC, Karen Abudinen dijo que la cartera que dirige se mantendrá firme en sus decisiones.
“La caducidad del contrato y las medidas que hemos adoptado para proteger los recursos y el desarrollo de este proyecto de conectividad, siguen en pie”, afirmó.
De hecho, ayer anunció que ya se embargaron varios lotes de UT Centros Poblados, un proceso mediante el cual se recuperaron $25.000 millones de los más de $70.000 millones que se dieron como anticipo del contrato para llevar internet a colegios rurales.
La ministra Abudinen destacó que, con esta nueva decisión, ya se han recuperado cerca de $40.000 millones en total.
El origen del escándalo se remonta al año pasado, en diciembre de 2020, cuando Centros Poblados asumió la adjudicación por más de $1 billón para generar conectividad gratuita a la población joven de las zonas más apartadas del territorio nacional.
El consorcio debía suministrar el servicio a los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
A pesar de la finalidad del proyecto, se descubrió que en junio, seis meses de la adjudicación del proyecto, Centros Poblados estaba incumpliendo con los compromisos contractuales, que incluyen tiempos estipulados en el cronograma.
La investigación arrojó que el consorcio, registrado bajo el nombre completo de Unión Temporal Centros Poblados, presentó falsas garantías contractuales, además de no contar con la experiencia, capacidad técnica y soporte financiero para desplegar un proyecto de tal envergadura.
Adicionalmente, el consorcio aseguró que contaba con una supuesta garantía expedida por el banco Itaú, pero, tras la investigación, se corroboró que era falsa: la entidad financiera aseguró que el documento no fue dado por sus oficinas en ningún momento. El pasado 29 de julio, la ministra Abudinen declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020.
