La intervención de Sanitas EPS revivió nuevamente el fantasma de la expropiación que el presidente, Gustavo Petro, intentó alejar de su gestión estando en campaña. No obstante, la decisión, tomada luego del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, ha desatado una tormenta política.
Sanitas EPS tiene hoy día un número de afiliados que ronda los 5,7 millones, siendo una de las tres más grandes entidades de este tipo en el país, por lo que desde ya se encienden las alarmas en torno a la capacidad operativa del gobierno para garantizar la prestación efectiva de los servicios médicos.
¿Intervención falsamente motivada?
Supersalud informó a medios de comunicación que Sanitas, contrario a la situación de sus empresas matrices, no goza de una situación financiera estable, concretamente, tiene un patrimonio negativo que supera los $68.000 millones.
Desde el Grupo Keralty rechazaron de plano la medida tomada por la Superintendencia de Salud, a la que catalogaron como un proceso de expropiación exprés. Los empresarios afirmaron que son falsos los argumentos sobre los cuales se fundamenta la medida cautelar de toma de posesión.
“Me permito solicitar respetuosamente nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos en el acto administrativo, el cual consideramos que presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de las EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”, atinó a decir Juan Pablo Currea, representante legal de la EPS.
También se pronunció al respecto la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La agremiación sostiene que los problemas financieros esgrimidos en el acto administrativo que ordena la intervención son producto de la negligencia del gobierno a la hora de hacer los desembolsos.
“Deudas reconocidas de Sanitas con IPS por servicios de salud ascienden a $993.000 millones a diciembre de 2023. Al tiempo, la Nación (Adres) adeuda $1,53 billones a Sanitas por concepto de presupuestos máximos, recobros, compensación e incapacidades. La rotación de cartera EPS Sanitas era de 33 días a diciembre de 2023. Una de las más bajas dentro del sistema de salud. Sanitas drenó completamente su capital propio ante incremento en siniestralidad pospandemia y alta concentración del riesgo. Todo para mantener operación y cuidar usuarios”, precisó Mario Cruz, vicepresidente de Acemi.
¿Torpedeando la diligencia de la Procuraduría?
Trascendió también en redes sociales y medios de comunicación que la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, a solicitud de Juan Pablo Currea, representante legal de la entidad intervenida, alegando que la misma está falsamente motivada.
Atendiendo la solicitud, se designó para tales fines al procurador, Ramiro Escandón, quien se dirigió hasta las instalaciones de la Superintendencia de Salud para realizar una inspección a las pruebas documentales que sustentan la toma de posesión; la diligencia que debía llevarse en el marco de la colaboración armónica entre instituciones del poder público, fue prácticamente una misión imposible para los funcionarios del ente de control.
«El artículo 36 del Código Contencioso Administrativo establece que de toda actuación administrativa se formará un expediente. Eso fue lo que llegamos a pedir, pero no nos entregaron un expediente, a lo cual empezamos a preguntar por una documentación, más o menos unos 25 documentos, que es la documentación dentro del acto administrativo que se cita como fundamento de la toma de la decisión. Estos documentos, en el momento de nuestra llegada a la visita, no estaban en un expediente, como lo ordena el Código Contencioso», explicó Escandón, saliendo al paso a las declaraciones del superintendente Leal en torno a una indebida aplicación de la ley.
"Llegamos a pedir el expediente de la intervención de la Nueva EPS y Sanitas y no lo entregaron": Ramiro Escandón, procurador delegado, sobre su visita a la Superintendencia de Salud.
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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 5, 2024
Escandón también señaló que Leal Angarita miente en cuanto al horario de realización de la diligencia, los modos utilizados por los funcionarios del Ministerio Público al interior de las instalaciones de la Superintendencia y las preguntas formuladas para contextualizarse del asunto. Dejó claro también, que no se les permitió el ingreso sino después de 45 minutos de haber llegado.
«Él estaba acompañado de un staff importante porque la visita se hizo en su despacho. Ahí estaba el director o subdirector jurídico, estaban algunos delegados, estaban sus asistentes, estaba la directora de control interno disciplinario. Es decir, él estaba acompañado por todo su staff. En el momento en que se hicieron las preguntas no se hizo ninguna manifestación de que las preguntas fueran capciosas o hubiera algo raro en ella. Y, además, en realidad la pregunta era simplemente para conocer la toma de la decisión y hacia donde atendía», comentó Ramiro Escandón.
Procuraduría abrió proceso disciplinario contra Leal Angarita
Al tiempo que esto sucedía, se difundía una resolución que ordenaba la apertura de una investigación disciplinaria en contra del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, debido a que la contraparte en este asunto, indicó que los motivos de la toma de posesión no se compadecían con la realidad.
“Una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados, así como en la actuación del ente de Control, la cual ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”, se lee en uno de los apartes de la misiva enviada desde Sanitas EPS a la Procuraduría.
Por su parte Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación, expuso que la investigación se propone determinar si las actuaciones desplegadas por Leal Angarita para ordenar la toma de posesión se ajustan a los presupuestos legales exigidos para tales fines.
“Se abrió Investigación disciplinaria para efectos de verificar si, evidentemente, las causas que motivaron la orden a través de un acto administrativo de intervención forzosa de la empresa Sanitas es adecuada o no. Vamos a verificar si los motivos de la queja o la denuncia son ciertos o no, para efectos de saber cómo avanza esa investigación disciplinaria”, expuso Cabello Blanco.
Finalmente, el Ministerio Público puntualizó que la más bien fallida diligencia en la Superintendencia de Salud tenía como objetivo acceder a una “copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas”.
🔈Escuche las declaraciones de la Procuradora #MargaritaCabello sobre la apertura de investigación contra el @Supersalud, Luis Carlos Leal, para verificar cumplimiento de requisitos para decretar intervención forzosa de la EPS Sanitas pic.twitter.com/R15U9woW9L
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 5, 2024
APN Noticias
