Este jueves, el juez del caso contra Rodolfo Hernández por el escándalo de Vitalogic, condenó al exalcalde de Bucaramanga por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en condición de autor y no de partícipe.
El juez advirtió que por ser un delito contra la administración pública no caben beneficios como suspensión de la pena o pena domiciliaria, pero advirtió que por tener 76 años, Hernández, y por revelarse que tiene cáncer terminal,no lo mandará a la cárcel, acogiéndose a los lineamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no quedará privado de la libertad, por lo que no ordenó la captura del exalcalde de Bucaramanga.
La sentencia será notificada por el juez el 13 de junio de 2024, a partir de las 2:00 p. m., allí se conocerá el monto de la pena que deberá purgar el excandidato presidencial.
Tal como lo había revelado Corrillos, el juez dejó sentado que Hernández ubicó a Jorge Hernán Alarcón Ayala (la calavera) para suscribir un contrato de asesoría, desconociendo el principio de pluralidad y orquestó una reunión en él, en su apartamento de Cabecera, en la que también participó el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramaga (Emab), José Manuel Barrera.
El juez concluyó que para imprimir apariencia de legalidad al trámite se cambiaron las fechas de algunos documentos y se adjuntaron dos propuestas de otros interesados el contrato, que resultaron ser espurias.
El juez también dijo que sí hubo un interés particular de Hernández, más allá del interés de su condición como alcalde de Bucaramanga en cumplir un plan de gobierno, pues no se trata de una situación aislada, sino que a razón de las reuniones con las que se direccionó el contrato.
Así mismo, el juez aclaró que no está en discusión si se perdieron recursos públicos, sino que se afectó la moralidad pública al adjudicar un contrato sin cumplir con las normas y principios jurídicos para la contratación, como la selección objetiva y transparente.
El interesarse en el contrato se puede expresar de distintas maneras, no solo en la reunión del apartamento, sino por llamadas de Hernández para preguntar por los pagos al contratista, entre otros, explicó el juez.
El juez aclaró que hay jurisprudencia le da facultades para cambiar la categoría de delito que le imputaron a Hernández, pues hay congruencia fáctica y no agrava la situación del exalcalde.
Detalles del caso
El proceso penal por el que queda formalmente vinculado, tiene que ver con el escándalo de Vitalogic, revelado por Corrillos tras suscribirse un contrato de corretaje y en el que participó el hijo del exmandatario, Luis Carlos Hernández.
De acuerdo con la investigación, el procesado, que fungió como mandatario local durante el período 2016-2019, habría ejercido su poder supuestamente para direccionar el otorgamiento del contrato de consultoría 096 de 2016, por un valor de 336 millones de pesos, al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente fue escogido como contratista.
El objeto del contrato suscrito por la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) era el de asesorar sobre el procedimiento adecuado para el manejo de las basuras en el sitio de disposición final El Carrasco.
El juez dijo durante la audiencia: «El hecho nuclear deviene de la reunión que se tuvo a finales de junio y comienzos de julio de 2016, en la que se direccionó o se interesó el alcalde para efectos de que el contrato fuera asignado al señor Jorge Hernán Alarcón Ayala, pero que se extiende en el marco de la acusación, cuando la Fiscalía indicó que se ordenó, por parte del alcalde, el ilícito prohibido al señor José Manuel Barrera y César Fontecha, también en esa reunión, en abierta violación de poder, atendiendo su cargo y funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, mostró inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista, en favor de un tercero, Jorge Hernán Alarcón Ayala”.
Hay que recordar que, Hernández le pidió a Barrera que le entregara un contrato inicial de $344 millones al ingeniero Jorge Hernán Alarcón.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación advirtió que hay suficientes pruebas para señalar que Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández, tenían interés en el contrato con Vitalogic. Tesis que el juez acogió.
