El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cobra una nueva cabeza.
El presidente Gustavo Petro ha anunciado en la mañana de este viernes que acepta la renuncia de Carlos Ramón González a la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo en el que lo había designado cinco meses antes.
La salida de González, señalado por la Fiscalía de haber buscado direccionar contratos de la Unidad a contratistas corruptos en un entramado más amplio, golpea el corazón del Gobierno, pues ha sido una de las personas de mayor confianza de Petro.
Este jueves, la fiscal Andrea Muñoz Arango dirigió la imputación contra dos exdirectivos de la UNGRD que han aceptado informalmente hechos de corrupción. Allí, señaló a González de haber dado la orden de direccionar los contratos y desviar los recursos públicos para beneficiar a congresistas de varios partidos político.
En ese momento, González era director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), un cargo de primer orden en el Ejecutivo, pues maneja no solo el aparato administrativo de la presidencia, sino relaciones con congresistas o magistrados. Un hecho revelaba la importancia de González: su despacho colindaba con el de Petro.
Horas después de la audiencia, González se defendió en un comunicado público. “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, se lee.
El director de Inteligencia ha sido uno de los políticos más cercanos al presidente desde hace décadas. Se conocen desde que militaron en la extinta guerrilla del M-19, en la que tuvieron posiciones de mando en el departamento de Santander. González ha sido un poder a la sombra en el partido Verde, que dirigió una fusión con el petrismo agrupado en el movimiento Progresistas, en 2013.
Una década más tarde, Petro lo llevó a cargos neurálgicos de su Gobierno, de los que sale este viernes, el mismo camino que transitaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, los antiguos funcionarios de la UNGRD a los que la Fiscalía les ha imputado cargos por cinco delitos, y que buscan negociar con esa entidad para aportar información a cambio de sanciones reducidas.
La mira sobre el ministro de Hacienda
La salida de González pone el foco sobre otro de los funcionarios de confianza de Petro que ha sido mencionado por López y Pinilla, y a quien la Fiscalía señaló en la audiencia de imputación de este jueves: Ricardo Bonilla, su ministro de Hacienda.
Olmedo López ha dicho que el ministro obtuvo recursos adicionales para la UNGRD en el Presupuesto General de 2023, y que fueron esos dineros los que se utilizaron para manipular los contratos y, con los sobrecostos, no solo enriquecer a funcionarios y contratistas, sino pagar coimas a congresistas para que aprobaran las reformas del Gobierno Petro.
El nombre de Bonilla cobró mayor protagonismo luego de que la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos este jueves, lo mencionara como parte del entramado criminal.
La información que avala el ente acusador apunta a que el esquema de sobornos fue mucho más allá de la denuncia inicial sobre los millonarios sobrecostos en la compra de unos carrotanques para llevar agua a La Guajira.
Según la fiscal Muñoz, los funcionarios direccionaron la entrega de por lo menos 21 contratos públicos, por un valor superior a los 228.844 millones de pesos (56.575 millones de dólares).
Bonilla ha insistido en que no ha cometido ningún acto indebido, y que el cónclave donde supuestamente se habrían fraguado actos de corrupción fue en realidad una reunión oficial programada por el gobierno para avanzar sobre la emergencia climática.
“Están volviendo los actos de gobierno como actos ilegales”, dijo en una entrevista difundida en la noche de este jueves.
Bonilla negó tajantemente esa posibilidad: “¿Se ha dado cuenta de que lo que ha habido aquí es un espectáculo? ¿Cree que yo me tengo que prestar para el espectáculo? Cuando la mejor evidencia es que tenemos un dólar estable, que las relaciones internacionales con la banca multilateral funcionan adecuadamente, que tenemos aquí una economía que está en proceso de recuperación del crecimiento”.
Bonilla ha mantenido la misma versión que los otros altos funcionarios enlodados. Todos han señalado que tanto López como Pinilla han construido un relato falso para desprestigiar al Gobierno, desviar la investigación, lograr las rebajas de penas que negocian con la Fiscalía y devolver apenas una parte del dinero que se habrían robado.
Así lo reitera el ministro de Hacienda en la entrevista: “Buscan quedar impunes y que otros paguen sus penas. ¿Cuánto recibieron de coima? Lo que ya se sabe es que recibieron 5.000 millones”.
