Por: Luis Carlos Heredia Ordoñez/ Lo que he observado en la ciénaga de San Silvestre, uno de los ecosistemas más importantes de Santander, no solo me deja perplejo, sino profundamente preocupado por la falta de acción ante una crisis que, lejos de resolverse, se agrava con el paso de los años.
Este humedal, vital para la biodiversidad local y fuente de vida para las comunidades cercanas, ha sido sistemáticamente maltratado, ignorado y expuesto a las peores prácticas industriales. Hoy, me siento obligado a denunciar lo que está ocurriendo allí, porque las evidencias de daño son irrefutables y las soluciones no están ni cerca de llegar.
Desde su concepción, el vertedero de San Silvestre fue una mala decisión. Al estar ubicado dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre —un área protegida que debería estar reservada exclusivamente para la conservación— el proyecto ya violaba las normativas ambientales más elementales. Este terreno era un corredor biológico esencial, que conectaba hábitats de especies como el jaguar, el manatí antillano y el mico aullador, todos ellos en peligro de extinción.
Pero no solo esto, el vertedero se construyó en las inmediaciones de una población, Patio Bonito, que se encuentra a menos de 50 metros de las instalaciones, lo cual es absolutamente incompatible con la normativa que exige una distancia mínima de un kilómetro de áreas residenciales para este tipo de infraestructuras.
Pero el problema no es solo la ubicación. Lo que sigue a esta decisión es una serie de acciones mal ejecutadas, deficiencias técnicas y un incumplimiento constante de las normas ambientales, lo que culminó en la instalación de piscinas de lixiviados sin la debida protección geomembranada.
Esto permitió que los residuos contaminantes se filtraran directamente en los cuerpos de agua cercanos, incluyendo el mismo humedal. Esta negligencia no fue un accidente, sino una serie de errores sistemáticos que deberían haber sido corregidos de inmediato. En cambio, lo que hemos visto es un completo desdén por parte de las autoridades competentes, que han optado por cerrar los ojos ante el daño.
El último capítulo de esta larga historia de descuido es el reciente hallazgo de vertimientos ilegales de lixiviados, evidenciados a través de videos y análisis de sedimentación en las aguas cercanas al relleno.
Como ingeniero ambiental, no solo me llama la atención la magnitud de la contaminación, sino la falta de respuesta y acción inmediata por parte de quienes deberían estar vigilando estos procesos. Los lixiviados, estos líquidos altamente contaminantes que provienen de la descomposición de los residuos sólidos, fueron vertidos sin tratamiento, directamente desde una piscina de contención hacia los humedales, afectando irreversiblemente el ecosistema acuático de la región.
Este tipo de prácticas no pueden ser consideradas accidentes, sino una manifestación de una mala praxis atroz.
Los videos, que muestran a un operario con el uniforme de la empresa Veolia, permiten corroborar que estos vertimientos se realizaron de manera deliberada y sin ningún tipo de tratamiento previo. La respuesta de Veolia ha sido insostenible y vacía de sustancia.
Alegan desconocer el origen de estos vertimientos y que los videos son una manipulación, pero los hechos no dejan lugar a dudas: las imágenes son claras, las pruebas no pueden ser ignoradas.
La realidad es que esta empresa no solo ha incumplido con las normativas de manejo de lixiviados, sino que ha permitido, y quizás incluso incentivado, un daño irreversible sobre el sistema hídrico de la región.
Al analizar los sedimentos de la zona afectada por los vertimientos, los resultados fueron aún más alarmantes: niveles de mercurio 25 veces por encima de los límites seguros. Como experto en la gestión de residuos y el manejo de cuerpos de agua, esta cifra me resulta estremecedora.
El mercurio, un metal altamente tóxico, no solo afecta la biodiversidad acuática, sino que también tiene efectos devastadores sobre la salud humana. Los estudios que se han realizado en el área muestran que las concentraciones de mercurio no solo superan los límites establecidos por la normativa ambiental, sino que también superan los niveles en los que este elemento está asociado con efectos negativos en la fauna y flora local.
Me pregunto, ¿cuántos informes más necesitamos para que las autoridades comprendan la gravedad de lo que está sucediendo? Es incomprensible cómo se siguen autorizando prácticas que han demostrado ser contaminantes, como el vertimiento de lixiviados a cuerpos de agua sin tratamiento adecuado. Como profesional que conoce los protocolos de tratamiento de residuos y la legislación ambiental, esta situación no solo es lamentable, sino también criminal.
Veolia insiste en que sus prácticas cumplen con la normativa vigente, y en que los resultados de sus estudios internos no muestran evidencias de contaminación significativa. Pero, como quien tiene experiencia en estos temas, debo decir que sus mediciones son parciales y no responden a la realidad del terreno.
Las auditorías ambientales que realizan no son suficientes para entender la magnitud del daño. La frecuencia de monitoreo, según sus propios informes, es de solo dos veces al año. Este es un ciclo absolutamente insuficiente para garantizar que no existan filtraciones ni contaminación a largo plazo.
La autoridad ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), afirma que no hay irregularidades en el manejo de los lixiviados y que los resultados de sus visitas no reflejan ningún incumplimiento. Sin embargo, la realidad es otra: los monitoreos no solo son insuficientes, sino que además no tienen en cuenta la variabilidad temporal ni la posibilidad de picos de contaminación. Como especialista, puedo asegurar que un monitoreo bianual no es capaz de capturar la magnitud del daño en un ecosistema tan vulnerable como el de San Silvestre.
Lo peor de todo es que este vertedero, que opera en una zona protegida, no solo está contaminando el agua y el aire, sino que también está violando derechos fundamentales. La Comunidad de Patio Bonito sigue viviendo a menos de 50 metros de este desastre ambiental, lo que expone a los habitantes a enfermedades relacionadas con la contaminación, incluyendo enfermedades respiratorias y digestivas asociadas con los metales pesados y los químicos presentes en los lixiviados.
Es evidente que el sistema de gestión ambiental en Colombia está fallando estrepitosamente. Los ciudadanos de Barrancabermeja y, especialmente, los de Patio Bonito, están siendo sacrificados por una industria que no prioriza la salud pública ni el medio ambiente. La ciénaga de San Silvestre, que alguna vez fue un paraíso de biodiversidad, está siendo destronada de manera sistemática. Este no es solo un problema local, sino un desafío para la gestión ambiental del país entero.
Como experto, hago un llamado urgente a las autoridades, a las empresas responsables y a la comunidad científica para que se tomen las medidas necesarias para frenar este daño irreversible. No es suficiente con señalar a las empresas o culpar a los gobiernos locales; necesitamos una intervención técnica y política que respete el equilibrio entre el desarrollo industrial y la preservación ambiental. El futuro de San Silvestre está en juego, y con él, el futuro de muchas especies, así como la salud de cientos de miles de colombianos.
Es absolutamente inaceptable que tanto el presidente Petro como la CAS y la ANLA sigan presumiendo de un supuesto liderazgo en materia ambiental mientras miran para otro lado ante el desastre de San Silvestre.
La falta de acción concreta es evidente, pero en lugar de tomar decisiones que realmente protejan nuestros recursos naturales, se empeñan en llenar el espacio público con discurso vacío y populismo ambiental.
Mientras Petro promueve su agenda política a través de discursos sobre la «sostenibilidad» y el «cambio climático», los humedales de Santander se ahogan en lixiviados y metales pesados. La CAS, que debería ser la primera línea de defensa, está más enfocada en multas superficiales que en tomar medidas de fondo, y la ANLA parece más preocupada por mantener su comodidad burocrática que por salvaguardar la salud pública y los ecosistemas.
¿De qué sirve tanto blablablá ambiental si no se actúa cuando la contaminación avanza a pasos agigantados?
Al final, el único impacto real de sus discursos es más desinformación y más daño ambiental, mientras siguen evitando una confrontación real con las industrias que financian sus campañas.
El tiempo de la pasividad ha terminado. La negligencia ambiental ya no es una opción.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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