La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por dos meses al entonces alcalde de Matanza (Santander), Orlando Lizcano García (2012-2015), por irregularidades en la constitución de reservas presupuestales.
La Procuraduría demostró que el disciplinado dispuso la reserva de recursos por $960’779.562 para cumplir compromisos adquiridos en representación del ente territorial en el 2015, a pesar de conocer que las obras, bienes o servicios contratados se recibirían en la siguiente vigencia.
Para el ente de control el exmandatario transgredió el principio de anualidad presupuestal que señala que “el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, precisando además que después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra” (Acuerdo Municipal 19 de 2014).
Recordó el Ministerio Público que de conformidad con lo señalado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 “las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, de manera que por regla general las obligaciones que contraigan deberán ejecutarse en la correspondiente anualidad”.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó la falta del exfuncionario como grave cometida a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Teniendo en cuenta que Lizcano García no es servidor público, la sanción se convertirá en salarios mínimos de acuerdo con el monto devengado al momento de cometerse la falta.
Contra el fallo de primera instancia el disciplinado no interpuso recurso, por lo tanto la decisión quedó en firme.
