La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 10 meses al expresidente del Concejo de San Gil, Santander, Juan Carlos Sánchez Rodríguez (2016-2019), por extralimitación de funciones.
El ente de control también suspendió por cinco meses a los entonces primer vicepresidente, Ciro Alfonso Moreno Silva, y segundo vicepresidente de la corporación, Carlos Eduardo Burgos Prada.
Proceder directo sin garantías
La Procuraduría Provincial de San Gil demostró que, sin tener competencia para ello, los ex-miembros de la mesa directiva declararon nula la Resolución 038 de 2015 mediante la cual fueron convocadas las pruebas de conocimientos del proceso de selección para proveer el cargo de personero municipal, con la expedición de la Resolución No. 001 de 2016.
El Ministerio Público evidenció que los disciplinados no revocaron la decisión ni interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez administrativo del municipio, quien era la autoridad competente, sino que procedieron de forma directa a reglamentar la invalidación de las pruebas, sin haber garantizado los derechos de los participantes que ya habían superado las pruebas de conocimientos y competencias laborales.
Vicepresidentes apelaron
Para el ente de control los exfuncionarios desconocieron el debido proceso, pues con la nulidad de las pruebas este ítem del concurso se reinició y las reglas cambiaron para los aspirantes a la lista de elegibles que habían ocupado los primeros puestos en los exámenes.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la falta de Sánchez Rodríguez como grave a título de dolo, y las de Moreno Silva y Burgos Prada como grave a título de culpa gravísima.
La decisión fue apelada por los apoderados de los entonces primer y segundo vicepresidente, y será resuelta por la Procuraduría Regional de Santander.
Teniendo en cuenta que Sánchez Rodríguez ya no es servidor público, la sanción se convertirá en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta.
