“Yo me comprometo a hacerme el pingo con los piratas”, “acabar con los piratas es como acabar con las prostitutas: no las acaba nadie, menos yo”, fueron algunas de las frases de Rodolfo Hernández Suárez, cuando era alcalde de Bucaramanga, las cuales se encuentran dentro del material probatorio de la Superintendencia de Transporte. Son declaraciones complacientes con el transporte ilegal por parte del exalcalde Rodolfo Hernández, dijo la Superintendencia, en una muestra clara de la falta de voluntad de esa administración en combatir este fenómeno en Bucaramanga.
Debido a lo anterior, la Superintendencia de Transporte declaró su responsabilidad y sancionó a este organismo de tránsito con multa y una serie de órdenes administrativas para implementar un control efectivo de la ilegalidad.
Tránsito como responsable
Mediante la Resolución No. 2444 del 14 de abril de 2021, la Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de no ejercer un control efectivo y eficiente durante la anterior administración municipal, para que la prestación del servicio público de transporte se realice bajo las políticas de legalidad establecidas por el Gobierno Nacional.
El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, destacó que “no realizar control al transporte ilegal ya ha causado investigaciones y condenas en varios municipios. Y es que no puede ocurrir que los mandatarios prometan no hacer controles o dejar de cumplir su deber frente a los ciudadanos de luchar contra el transporte ilegal en su jurisdicción”.
Órdenes de regularizar
Además de la imposición de una multa, la entidad emitió órdenes administrativas para regularizar el control del transporte ilegal en esa jurisdicción, que incluyen adoptar medidas para garantizar la inmovilización de vehículos particulares cuando se utilicen para realizar transporte público, así como para garantizar la cancelación de licencia de conducción cuando se sorprenda a un conductor reincidiendo en la prestación de transporte ilegal.
También se definió la emisión de una instrucción interna en la que se le prohíba a cualquier funcionario público de la administración municipal de Bucaramanga emitir declaraciones en las que se apoye la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal, o pueda generar dicha percepción en la comunidad; contar con un programa permanente para controlar el transporte ilegal e informal en la ciudad, sin limitarse al fenómeno del mototaxismo, y crear un cronograma anual donde se programen todos los operativos de control a la informalidad y la ilegalidad en Bucaramanga a realizar durante lo que queda de 2021, entre otros.
El incumplimiento de estas órdenes de la Superintendencia podrá ser sancionado con multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
Así fue el proceso
La Supertransporte realizó una visita administrativa de inspección los días 9 y 10 de abril de 2019 a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con el objetivo de verificar todos los aspectos relacionados con la problemática de ilegalidad e informalidad en el transporte público que se presenta en esa jurisdicción.
En el proceso se demostró que, en relación con los prestadores de transporte ilegal, no se aplicaba la inmovilización en los casos en que se impone una orden de comparendo, ni se cancelan las licencias de conducción cuando existían los supuestos de hecho para el efecto. Asimismo, se comprobó que tuvo que ordenarse por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga que realizaran controles del mototaxismo debido a la ausencia de controles por parte de la autoridad municipal. Tampoco existía un control en su jurisdicción de la prestación del transporte público a través de automóviles particulares.
Esto evidencia la alteración de la prestación del servicio público de transporte en esa ciudad, pues existieron acciones y omisiones frente a la problemática de la ilegalidad e informalidad. Además, no se reportó la información correspondiente a las licencias de tránsito canceladas y suspendidas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Sumado a lo anterior, ex-Alcalde Rodolfo Hernández, dio declaraciones públicas como las siguientes: “yo me comprometo a hacerme el pingo con los piratas”; “acabar con los ‘piratas’ es como acabar con las prostitutas No las acaba nadie, menos yo”, entre otras. En este caso cabe aclarar, que los funcionarios no pueden emitir declaraciones en las que se apoye directamente la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal o, y que pueda generar dicha percepción en la comunidad.
Recursos
Contra la decisión procede el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de apelación. Se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa.
