La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 11 años, al entonces secretario del Interior y de Gobierno de Onzaga (Santander), Pedro Camilo Díaz Irreño (2015), por irregularidades en el Contrato 33 de 2015 para comprar implementos deportivos por $18’000.000.
La Procuraduría Provincial de San Gil demostró que como miembro del comité evaluador, el disciplinado habilitó al único proponente que se presentó al proceso de selección de mínima cuantía, sin que cumpliera el requisito exigido en el pliego de condiciones de aportar un contrato ejecutado por un monto igual o superior al 50% del presupuesto oficial.
Con esta conducta desconoció las reglas dispuestas en los numerales 10.3 y 12 de la invitación pública, en las cuales se establecían las causales de rechazo de las propuestas, entre ellas, incumplir los requisitos habilitantes.
Para el Ministerio Público el exfuncionario transgredió, entre otras normas, el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que determina como falta “participar en la etapa precontractual (…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa”.
La falta del ex secretario del Interior y de Gobierno fue calificada como gravísima cometida a título de dolo por falta de diligencia en el desempeño de su cargo.
Contra la decisión de primera instancia el apoderado interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.
