El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con datos recogidos entre diciembre de 2018 y junio de este año, establece que en 26 de los 32 departamentos de Colombia se han reportado irregularidades electorales.
El más afectado es Antioquia con 42 casos, seguido por el Valle del Cauca con 28, Santander y Tolima con 26.
El 62 por ciento de las anomalías tienen que ver con publicidad extemporánea reflejada en vallas, volantes, murales y mensajes de texto a celulares para promocionar a un precandidato.
El Código Penal Colombiano pasó de 11 a 16 delitos electorales, los cuales dan cárcel y pueden involucrar a gerentes de campaña, candidatos, ciudadanos y funcionarios.
A sancionar propaganda extemporánea
Alejandra Barrios, directora de la MOE, celebró el carácter penal de todos los delitos electorales e invitó a hacer más pedagogía con los partidos políticos. “Por ahora lo que más tenemos es propaganda extemporánea. El 27 de julio, cuando termine la inscripción, se empieza a presentar la participación en política de los funcionarios”, indicó.
Darle beneficios a una persona para que vote por determinado candidato, con contratos, dinero y dádivas, da entre 4 y 8 años de prisión. Deberá cancelar una multa desde $165 hasta $828 millones. Perturbar las elecciones y presionar al sufragante también son delitos penales con sanción económica.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que revisarán los informes de rendición de cuentas de las campañas e insistió en la pedagogía para que las personas sepan que pueden irse a la cárcel.
“Los partidos y los candidatos tienen que conocer esta nueva regulación, no se pueden quedar atrás. También es importante que los privados que financian campañas, se cercioren de reportar con el nombre y la identificación adecuada para evitar irregularidades”, afirmó Hernández.
Autoridades en alerta
El Gobierno nacional anunció el Plan Ágora, mediante el cual espera darle transparencia y seguridad a las elecciones.
Además, el Ministerio de Justicia aplicará la política criminal electoral, en articulación con entidades como la Fiscalía, que tiene a 243 funcionarios dedicados a estos delitos.
A casi tres meses de las elecciones locales y a dos semanas de que se venza el plazo para la inscripción de candidatos, la Fiscalía y la Procuraduría convocan a la ciudadanía a revelar si son testigos de estas conductas, las cuales también acarrean multas para los infractores.
