La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), uno de los pocos fortines políticos que le quedaron al exgobernador y hoy director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamento (FND), Didier Tavera Amado, quiere ser retomado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Por lo menos así se percibe tras las últimos enfrentamientos entre el mandatario y las directivas de la autoridad ambiental.
Lo ocurrido ayer durante la asamblea general, en el que se denunciaron actos ilegales durante la elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo, que a la postre fue conformado por la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero; el alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez; el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno Suárez; y el alcalde de Rionegro, Rubén Darío Villabona Pérez. Al parecer, todos alineados al gobernador.
Luis Alberto Flórez, secretario general de la CDMB -y quien por estatutos debe asumir la secretaría de la Asamblea, denunció posibles irregularidades durante al elección de los alcaldes, al ser retirado de la reunión, tras una proposición de uno de los mandatarios asistentes.
«Se viene impulsando una reforma en la CDMB para limitar las funciones del actual director, Juan Carlos Reyes Nova y así tener mayor control sobre la entidad», Flórez, indignado por la decisión del cambio de secretario.
El alcalde de El Playón, solicitando que se designara un secretario ad hoc, fue quien dio inicio al enfrentamiento. «Aunque se le leyeron los artículos del estatuto que establecen explícitamente que el secretario de la Asamblea es el Secretario de la Corporación, el Gobernador Aguilar no quiso escuchar y puso a consideración la proposición donde quedó aprobada mi salida de la reunión», agregó.
El funcionario anunció que formulará una denuncia contra quienes presentaron ya avalaron esa decisión por extralimitación de las funciones, «una proposición no puede estar por encima de los estatutos de una entidad, los estatutos son ley para las partes y tiene que se respetado por todos los asociados”, explicó.
Entre las propuestas que estudia Aguilar para reformar los estatutos de la CDMB -según Flórez- estaría que el Secretario General de la CDMB no sea el secretario del Consejo Directivo ni de la Asamblea de la Corporación Ya están aplicando el nuevo estatuto sin estar aprobado.
Un fortín en contienda
Desde hace un tiempo se viene presentando una fuerte tensión entre el gobernador Aguilar, y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Juan Carlos Reyes, por el control de la corporación ambiental. De hecho, Reyes demandó a Aguilar por prevaricato por acción y extralimitación de funciones.
Según mencionó el director de la CDMB, Aguilar ha llevado a cabo diferentes acciones que lo han querido dejar de lado de la entidad para poner a personas de su círculo en las entidades públicas. Uno de los hechos que denunció Reyes es que Aguilar, a pesar de ser el presidente del Consejo Directivo de la corporación, no lo dejó entrar a la primera reunión que se llevó a cabo el año pasado, sabiendo que él es el representante legal.
Desde ese momento los consejos convocados a lo largo del año estuvieron llenos de dudas. José Alfredo Marín, delegado del gobernador, habría puesto un secretario ad hoc para aprobar una reforma de estatutos en la que supuestamente le ordenan a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS) iniciar concurso para elegir gerente.
En la denuncia dicen que esa sesión no fue legítima ya que no se contaba con el quórum para aprobar la designación; además, dicen que fue avalada por Yady Ardila, exsecretaria general del CDMB quien renunció posteriormente al cargo y quien es esposa del actual gerente del Hospital Universitario, Julián Niño.
El Consejo Directivo se volvió a reunir en septiembre y decidieron derogar lo acordado previamente, pero aseguran que luego de esa determinación la delegada del gobernador Aida Margarita Hernández volvió a citar un consejo extraordinario para volver a reversar lo acordado. Al parecer, esta decisión no fue legal porque los únicos que tienen la facultad para convocar a extras son el director, el revisor fiscal o el mismo gobernador y no sus delegados.
Los acuerdos, que para los denunciantes tuvieron extralimitaciones por parte del gobernador y sus funcionarios y que han buscado poner fichas claves de Aguilar, ya fueron demandados ante el Consejo de Estado.
Además, ya se presentaron acciones disciplinarias y penales contra los consejeros del CDMB que votaron por los acuerdos.
